La emergencia climática asociada al rápido aumento de la temperatura de nuestro planeta con respecto a los niveles preindustriales constituye seguramente el mayor desafío al que se enfrenta la Humanidad en su conjunto, con consecuencias potencialmente devastadoras para las futuras generaciones.

En los últimos años, millones de jóvenes han salido a las calles en todo el mundo para decir que no tenemos dos planetas y para mandar un mensaje claro: el problema de la destrucción del medio ambiente es un problema del sistema económico. Un sistema económico descontrolado en el que los intereses de unos pocos se sitúan permanentemente por encima del interés general, en un contexto de creciente desregulación neoliberal de la actividad económicaque nos ha llevado a una situación de "ley de la selva" donde los más fuertes campan a sus anchas con escasos contrapesos que protejan a la gente. Los datos avalan esta denuncia de los jóvenes que ven amenazado su futuro: tan solo 100 empresas multinacionales son causantes del 70% de las emisiones contaminantes a nivel global, mientras son las mayorías empobrecidas y las víctimas de la globalización quienes más sufren las consecuencias de la degradación ambiental.

Este hecho nos tiene que llevar a una conclusión evidente: para enfrentar la crisis climática es necesario un mayor control democrático sobre la economía. La democracia es el movimiento histórico mediante el cual los más ponen límites al poder de los menos para defender la dignidad de sus vidas. El ecologismo es un movimiento eminentemente democrático, en la medida que está señalando la necesidad de que el poder político ponga límites a la acción descontrolada de los poderes económicos que maximizan beneficios privados a costa de destruir la salud de las personas y del planeta.

Para estar en condiciones de emprender medidas eficaces frente a la emergencia climática es clave, por tanto, acabar con los mecanismos con los que históricamente ha contado el poder económico para cooptar al poder político (entre los que quizá el más evidente, en el caso de España, son las puertas giratorias: mecanismos de corrupción legal que han permitido a las grandes compañías contaminantes burlar la democracia comprándose a los representantes públicos para que legislen a su servicio), así como desarrollar instrumentos que permitan al sector público liderar la transición ecológica.

En todo caso, no cabe duda de que el próximo Gobierno de España deberá asumir como una de sus principales prioridades iniciar una transición ecológica que garantice un futuro para las próximas generaciones. Además, situar esta tarea como uno de los horizontes políticos centrales de nuestro país no será solo una medida reactiva frente al avance del cambio climático, sino que nos permitirá aprovechar la oportunidad de dar un salto histórico en nuestro modelo productivo. España cuenta con una gran ventaja competitiva en relación a otros países para desarrollar fuentes de energía renovable, como la solar.

Un Gobierno que se proponga trabajar por la justicia social, la soberanía y el bienestar de las mayorías sociales debe apostar por convertir nuestro sector económico verde en un sector puntero, con capacidad de dinamizar una economía demasiado basada en sectores de bajo valor añadido y de situar a España como referente mundial en transición ecológica.