El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha decidido prorrogar un mes más el secreto del sumario del "caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, según han informado fuentes judiciales.
La decisión viene motivada por la actividad que está desarrollando la Policía de cara a la elaboración de posteriores informes y en el análisis de documentación relevante.
El último levantamiento parcial del sumario tuvo lugar a finales de mayo, cuando el juez Jesús Torres acordó el levantamiento de cuatro tomos del caso, los números 20, 21, 23 y 25, y una parte de pruebas documentales.
El secreto de las actuaciones se ha levantado parcialmente en cuatro ocasiones.
La primera tuvo lugar el 25 de junio de 2009, y afectó desde el tomo 1 al 6, concretamente, desde el folio primero hasta el 2.857; la segunda fue en septiembre de ese año y afectó a unos 3.000 folios, desde los tomos 7 al 13, y el tercer levantamiento parcial fue en febrero pasado, cuando el juez Torres decretó el levantamiento de los tomos 14 al 19.
El cuarto y, hasta ahora, último levantamiento se produjo a finales de mayo y correspondió a los tomos 20, 21, 23 y 25, y una parte de pruebas documentales.
En el "caso Astapa", que se inició el 17 de junio de 2008, hay 68 imputados, entre los que figuran el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores, y los ediles del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que continúan formando parte de la corporación.
También siguen en el Ayuntamiento otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción.
De los 68 imputados, 45 se encuentran en libertad sin fianza y veintitrés en libertad bajo fianza, y los delitos que se imputan son los de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho, entre otros.
