La llegada del PP al Ayuntamiento de Mijas tras la celebración de las últimas elecciones municipales evidencia un giro en la política de las viviendas irregulares que hay en su extenso término municipal. El concejal de Urbanismo y Viviendas Irregulares, Manuel Navarro, anunció ayer la creación de una oficina para tramitar la legalización de las miles de viviendas que hay fuera de la ley urbanística de la localidad costasoleña.
La propuesta fue expuesta por Navarro tras reunirse con las asociaciones de afectados de Mijas, así como con todos los partidos políticos que concurrieron a los últimos comicios del pasado 22 de mayo. La intención de dicha iniciativa pretende la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana en lo relativo al suelo no urbanizable para llegar a la normalización de las construcciones, según explicó el propio edil.
«Entendemos que es un tema que nos afecta a todos y queremos el máximo consenso posible. Esta oficina funcionará de manera independiente en busca de los trámites necesarios para crear un marco jurídico que permita normalizar la situación de una importante parte de nuestros vecinos. Este nuevo servicio recogerá toda la documentación pertinente que aporten los propios afectados para poder llevar a puerto dichos cambios en la normativa urbanística», explicó Navarro.
Cuatro personas, un arquitecto, un jurista especialista en urbanismo, un delineante y un administrativo, se harán cargo de estas dependencias, que se instalarán en un local municipal de Mijas Pueblo. Para dicho trabajo, Manuel Navarro ha estipulado un plazo no mayor a dos años con el fin de poder estudiar y tramitar la regularización de algunas de las viviendas a continuación.
En este sentido, Navarro aseguró que espera contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía, «pues no se trata de un cambio de elementos para obtener un beneficio directo, sino para solucionar un problema que afecta a los ciudadanos».
Los afectados pagarán
El concejal de Viviendas Irregulares aclaró también en reiteradas ocasiones que serán los propios vecinos los que se hagan cargo de la cuantía económica de todas las gestiones derivadas de la normalización de sus construcciones.
«En Mijas todos los vecinos tendrán los mismos derechos y obligaciones. Todos pagarán de la misma manera que aquellos vecinos que adquirieron una casa en Las Lagunas, por ejemplo», espetó.
En dicho precio, según Navarro, estarán incluidos el coste de urbanización, de los permisos e, incluso, de la redacción del planeamiento. También parte de ello irá destinado a mantener esta oficina. Un asunto que ha hecho discrepar a los distintos partidos políticos en la reunión mantenida ayer con el concejal de Urbanismo.
De la misma forma, el resto de formaciones políticas mijeñas pidieron a Navarro la máxima seriedad para abordar este asunto «dado su alto interés ciudadano» como señaló a este periódico el concejal socialista Nicolás Cruz.
Lo próximo será la propuesta en el pleno de que los cambios en el PGOU tengan la consideración de interés público para que la Junta actúe con mayor celeridad.
