El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena, Manuel Arroyo, informó ayer sobre la «supuesta tasa que el PP dice que se cobra a los proveedores por acceder a la información sobre sus facturas pendientes incluidas en el Real Decreto del Gobierno». Así, explicó que «el acceso a las facturas que se han remitido al Gobierno para su inclusión en el real decreto es gratuito, al igual que la emisión del certificado de deudas», pero que «las tasas sí se mantienen para la emisión de informes detallados de las facturas», los informes de intervención. Las tasas estaban fijadas en una ordenanza aprobada en 1998.

El concejal recordó que «las tasas se cobrarán conforme a las últimas modificaciones de la ordenanza, aprobadas por el exalcalde Enrique Moya en 2006 y que corresponden a 60 euros por cada informe». En este sentido, argumentó que «apenas tres o cuatro grandes proveedores van a requerir estos informes», pero «aún no se ha emitido ningún certificado».

En cuanto al proceso a seguir en la página web para las consultas, el concejal explicó que «se colgó el pasado lunes, según lo recogido en la ordenanza, pero al considerar que este proceso se trata de una aplicación externa por proceder de un real decreto, no hay necesidad de aplicar ninguna de las tasas recogidas».

Actualmente, el Ayuntamiento debe a proveedores 89 millones de euros pero ha solicitado al Ministerio de Haciendo sólo 50 millones, «que es la cantidad máxima que ahora estábamos en disposición de garantizar con certeza que podíamos afrontar», según dijo Arroyo. «Nuestra intención es incluir el mayor número de facturas para aliviar la elevadísima deuda. Las facturas de proveedores pendientes que se encuentran en una situación de duda podrán incluirse en un futuro, una vez que iniciemos el diálogo con el Ministerio y los proveedores y aclaremos su situación».