El veredicto está claro. La mayoría de empresarios y vecinos de Benalmádena consultados por este diario no está de acuerdo con la nueva ordenanza reguladora de uso y disfrute de las playas que el Ayuntamiento aprobó de forma inicial hace poco más de un mes.

El clamor popular se suma a las críticas y el rechazo que ha provocado en la oposición, así como en la Junta de Andalucía -gobernada por el mismo partido que el Consistorio-, que ya han presentado alegaciones e incluso han pedido su anulación por entender que infringe la Ley de Costas.

La negativa común se justifica en que la ordenanza acota tanto el espacio como el horario de «un espacio público y para el disfrute de todos». En el caso de los vecinos y propietarios de pisos en primera línea de playa, que no entienden «cómo se puede prohibir pasear libremente por la arena a la hora que uno quiera» o «cómo se prohíbe colocar la toalla y la sombrilla donde a uno le plazca».

Y es que este documento, que aún se encuentra en periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva, prohíbe poner sombrillas entre las hamacas y la orilla de la playa; prohíbe el baño en temporada alta, antes de las once de la mañana por cuestiones de seguridad y limpieza; y establece el depósito de un aval de 50 euros para obtener el permiso para hacer moragas.

«El afán del Ayuntamiento en este caso es sin duda recaudatorio», explicó ayer Mario Blázquez Velasco, dueño de un piso en Los Maites II y responsable de que la Junta haya solicitado la anulación de la ordenanza después de que este vecino pidiera al Gobierno andaluz que se pronunciara sobre su legalidad. «Pude acceder a la ordenanza a través de la página web del Ayuntamiento y la estudié a fondo tras considerar que sus artículos eran ilegales, ya que se contradicen. Si la Ley de Costas dice que debe haber seis metros entre las hamacas y la orilla, ¿por qué el Consistorio no me permite poner mi toalla ahí? Además, no comprendo por qué no puedo pasear por la playa a las nueve de la mañana y no creo que se deba a que los servicios de limpieza vayan a estar hasta las 11 en las 22 playas que hay en Benalmádena».

Contra la venta ambulante. Los hamaqueros son otros de los afectados por esta ordenanza, ya que tendrían que controlar y prohibir la venta ambulante en sus zonas, por tratarse de una concesión responsabilidad de ellos. En este punto, la gran mayoría coincide en que «no es trabajo» para ellos, sino de la policía. «Es muy difícil controlarlo y no somos quien para echarlos. Debe hacerlo la policía», indicó uno de ellos.

El PP también pide anular la ordenanza. El Partido Popular de Benalmádena también se ha sumado a la postura de la Junta de Andalucía pidiendo al Consistorio que anule la ordenanza de playas, «que coarta los derechos de los usuarios e infringe la Ley». Así lo pidieron ayer el presidente del PP local, Enrique Moya, y el concejal responsable del área de Playas del partido, Rafael Obrero, que presentaron un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Para el PP, esta ordenanza «limita en exceso el uso y disfrute de las playas por ser excesivamente restrictiva, además de someter a los empresarios de playas a una responsabilidad inusual e injusta».

Por ello, desde su aprobación inicial, el PP ha estado trasladando e informando a todos los empresarios de playas y a los vecinos de los detalles sobre el contenido de esta ordenanza.

Por su parte, y ante el rechazo de varios colectivos, el Ayuntamiento asegura que «se reunirá esta misma semana con la Consejería de Medio Ambiente para consensuar los cambios necesarios para que pueda salir adelante».