La comisión gestora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobó ayer, por unanimidad de todos sus miembros, pedir a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas que investiguen la gestión de su empresa de suministro de agua, Acosol, desde su creación, en el año 1994.

La petición se formula después de haber detectado en las cuentas que no se invirtieron poco menos de 30 millones de euros, provenientes de ingresos finalistas, en la mejora de las infraestructuras de la propia empresa.

La comisión gestora ha solicitado investigar todos los años de actividad del ente público y no sólo de 2009 a 2011, en los que se han detectado las anomalías, según los responsables de la reciente auditoría practicada en Acosol. En dicho informe se recuerda que fue en 2007 cuando la empresa de agua empezó a cobrar el canon por abastecimiento y saneamiento, que tiene carácter finalista.

La presidenta del ente, que representa a once municipios de la comarca costera occidental, Margarita del Cid, explicó que se trata de ser exhaustivos y no dejar ningún tipo de duda sobre el destino de estas cantidades.

«Es necesario que todos estemos unidos en esto porque así se podrán depurar responsabilidades y se aclarará qué se hizo en el último periodo de la empresa con lo recaudado a través de los cánones de saneamiento y abastecimiento», manifestó durante el transcurso de la reunión con los distintos integrantes de la comisión gestora.

De esta manera, la Mancomunidad propuso a las instituciones autonómica y estatal estudiar las cuentas de Acosol en dos tramos. Uno primero, en el que se analice la gestión de los responsables de la empresa desde su nacimiento, en 1994, hasta el año 2006; y otro segundo, que iría desde que se instituyó el citado canon, en 2007, hasta la actualidad.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Mancomunidad de Municipios costasoleña, José Antonio Gómez, se mostró muy favorable «a que se conozca la verdad de este asunto», si bien consideró que la forma de actuar de la presidencia del ente mancomunado no fue la más idónea.

«Han puesto en el punto de mira a una empresa pública y a sus trabajadores por un asunto administrativo que no parece grave», manifestó.