Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría ingleses y norteamericanos, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruiz, tras detectar que su hermano Ignacio aparece vinculado «societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret», según informó ayer el despacho Lawbird.
La firma representa a los afectados en la estafa y ha presentado la correspondiente recusación. En el escrito dirigido al juez para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez hacen constar que el hermano del instructor «ha sido accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical». Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de «haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras casas», dice el despacho. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.
Ignacio Coronado, asegura Lawbird, ha sido también representante de la mercantil «Inversiones CCF SA», antigua cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en la República Dominicana. En febrero de 2011, no sólo hay afectados por el presunto fraude en Estepona, sino también en el país caribeño.
La sociedad CCF SA, a la que estuvo vinculado el hermano del instructor, «era copropietario de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios SA, cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor», ambos acusados en Malaya.
Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez, sino la imputación de Sánchez y Liétor, además de la del hermano del magistrado de Plaza Castilla.
«Todo ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de la República Dominicana», dice la empresa. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del juez habría cobrado «100.000 euros a título personal, aproximadamente».
En opinión de los letrados querellantes, «es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar». Así pues, afirman que Coronado «ha instruido dos años como si lo ignorara».
