Estepona aumenta la edificabilidad de una parcela de Pedro Román

El equipo de gobierno del PP en Estepona llevará hoy al pleno una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una parcela del exprimer teniente de alcalde de Marbella con el GIL Pedro Román, embargada por el Tribunal de Cuentas.

Así lo denunció ayer el portavoz del PSOE en Estepona, David Valadez, quien afirmó que sobre la parcela, que cuenta con una superficie de 17.200 metros cuadrados y en primera línea de playa, también pesa un embargo, según informó el PSOE a través de un comunicado.

Valadez explicó que el PGOU de Estepona de 1994, adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2010, califica ese sector como hotelero y establece la «ubicación de las zonas verdes y de viario». Y afirma que lo que el PP plantea es «modificar los parámetros urbanísticos del sector», bajo el pretexto de resolver una hipotética incongruencia entre lo que establece el PGOU, que fija el uso hotelero de la parcela, y la ficha del área de reparto, que establecía el uso de poblado mediterráneo.

El portavoz socialista añadió que con esta modificación urbanística se pasaría de un coeficiente de edificabilidad de 0,4 y una edificabilidad de 6.880 metros cuadrados a un coeficiente de 0,75 y una edificabilidad de 9.030 metros cuadrados.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Susana Arahuetes (PP), manifestó en declaraciones a Efe que existe una divergencia entre la información que figura en los planos del PGOU y en la ficha urbanística, lo que hace imposible el desarrollo de la parcela.

Arahuetes indicó que desconoce si la parcela es de Pedro Román, ya que la modificación la insta Development Proyect SA, representada por Pilar Román, que solicita otorgar a la parcela la «misma edificabilidad hotelera» que tienen otras parcelas hoteleras dentro de ese mismo área de reparto.

La edil añadió que la empresa propietaria ha pedido una indemnización de diez millones de euros por los daños causados, ya que en 2001 se declaró la extinción de la licencia de obras, que fue concedida en 1992, y en 2002, tras aprobar el Consistorio la rehabilitación de la misma a petición de la compañía, volvió a anular la rehabilitación.

Susana Arahuetes explicó que, a pesar de que presenta numerosos embargos, a nivel de planeamiento la modificación «no tiene nada de descabellado» y soluciona un problema ya que si no le dieran trámite estarían prevaricando.

En noviembre de 2007, el juez del caso Malaya ordenó el embargo de esta finca a Pedro Román en Estepona, dos en Salamanca y un inmueble en Madrid, y fijó una fianza de un millón de euros para que Román pudiera eludir la cárcel, según indica la nota del PSOE.

En enero de 2013, el Ayuntamiento de Marbella logró el embargo preventivo de un avión, un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil de Román en un proceso del Tribunal de Cuentas por un valor de 108,3 millones.

Por otro lado, en el sumario de la operación Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, aparece reflejado en febrero de 2010 que el exjefe de gabinete de Alcaldía habría recibido el ofrecimiento de 100.000 euros para que mediara y solucionara los problemas que pesan sobre esta misma parcela.