El diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón, calificó ayer como «transfuguismo» el que los siete ediles de Manilva que el sábado dejaron el partido, no hayan renunciado a su acta de concejal, y recordó que al no estar vinculados con el partido, éste no puede obligarles a dejarla.

Garzón destacó en conferencia de prensa que tras la decisión de IU, sólo queda «felicitarse» por que estas personas ya no formen parte del partido. En este sentido, insistió en que la formación es un «dispositivo transformador» que quiere recuperar la democracia y tener unas instituciones transparentes, donde «no quepa corrupción». El diputado señaló que ninguna persona que entienda que la política es para beneficio propio, que en este caso lo determinará la Justicia, «pueda estar dentro de IU».

Garzón remarcó que el caso de Manilva «puede ser entendido como transfuguismo» desde el punto de vista de que llegaron a esas posiciones públicas a través de una lista del partido, y ahora mismo esas personas «no tienen una vinculación legal» con IU. Así, subrayó que la clave es la «presión social» para que estas personas dejen el acta «por motivos éticos» -algo que es «extrapolable más allá del caso de Manilva»-, ya que no existen motivos internos de IU, porque «no existe esa vinculación». Aseguró que la coalición de izquierdas no se esperaba este escenario, y que le hubiera gustado que estas personas hubieran dejado no sólo el acta de concejal, sino su pertenencia a IU «mucho antes de esta circunstancia».

Por su parte, el ex coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, mostró su respaldo a la decisión de su sustituto en el cargo, Antonio Maíllo, de situar «fuera de IULV-CA» a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, y a sus concejales, por incurrir en prácticas «que no caben» en la federación de izquierdas, como es la posible contratación de familiares.

Valderas explicó que la dirección provincial de IU en Málaga ya venía trabajando desde hace tiempo en dar una salida racional a este asunto. «Y la más racional es que las actas son de la fuerza política», apuntó, lamentando que la alcaldesa no haya aceptado presentar su dimisión.