Mijas insta de nuevo a la Junta a que verifique el uso de las VPO del municipio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mijas instó ayer a la Junta de Andalucía a que inspeccione las distintas promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que existen en el municipio ante las «sospechas» por parte de los gobernantes locales de que algunos de sus adjudicatarios estén alquilando y poniendo en venta de forma irregular sus pisos.

Así lo explicó ayer el portavoz municipal, Mario Bravo, que aseveró que la intención del ejecutivo local es que el ente autonómico garantice que las VPO del municipio sigan gozando del carácter social por el que fueron concedidas a sus propietarios.

«El esfuerzo que ha realizado la sociedad para construir estas viviendas ayudando así a los que no podían adquirir una en el mercado libre no se está viendo reflejado en la Junta de Andalucía. No queremos que nadie pierda su vivienda, sino garantizar el derecho a una vivienda digna de los menos favorecidos», espetó el edil.

Tercera vez. No es la primera vez que el Consistorio costasoleño solicita denuncia esta situación ante el órgano andaluz. A principios del presente mandato, el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, puso en alerta de estas posibles prácticas irregulares por parte de algunos vecinos de la localidad. A principios de este mismo año, de nuevo Navarro volvió a hacer lo propio. En ninguno de los casos, según afirmó ayer Bravo, las autoridades autonómicas han actuado para esclarecer si estos hechos son ciertos. «Es la Junta de Andalucía la que tiene que garantizar el uso de esas viviendas como de protección oficial a lo largo del tiempo», puntualizó.

En el término municipal de Mijas existen tres promociones de VPO. Dos en las Lagunas, en la calle San Dionisio y la avenida de Andalucía, y otra en la zona conocida como El Limonar, en el núcleo urbano de La Cala. En todas ellas, según los responsables políticos del Ayuntamiento mijeño, se han dado al menos un caso de alquiler y puesta a la venta de estos alguno de estos inmuebles.

En otro orden de cosas, el órgano colegiado municipal también aprobó dotar de 135.000 euros al programa de ayudas económicas familiares.