La Guardia Civil desarticuló ayer una trama relacionada con la supuesta tramitación irregular de licencias municipales para la construcción de edificaciones en el casco urbano de Benalmádena y con la adjudicación ilícita de obras correspondientes al Fondo Estatal de Inversión Local ( FEIL) de 2009 en el citado municipio.
Los autores de la supuesta trama son trece personas, diez de ellas imputadas por delitos urbanísticos, dos detenidas por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un acusado por un supuesto delito de prevaricación por omisión, concretamente, el exedil de Urbanismo de Benalmádena Joaquín Villazón, perteneciente al partido socialista, según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil.
En el marco de la operación denominada «Mina» también se practicó un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos, se procedió a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades, nueve vehículos y se bloquearon varias cuentas.
La operación se ha desarrollado en dos fases, en la primera (con fecha de 2009) fueron imputadas diez personas entre las que se encuentran técnicos y funcionarios del Ayuntamiento del municipio costasoleño de Benalmádena y de la propia Junta de Andalucía.
Supuestamente estos imputados tuvieron una «directa implicación» en la tramitación irregular de determinados expedientes urbanísticos para la construcción de edificios en el casco urbano de Benalmádena.
En la segunda fase se ha detenido a dos personas, un arquitecto técnico del Consistorio y un ingeniero independiente.
Investigación
La investigación comenzó a finales de 2009 cuando se comprobó que se había ejecutado una edificación que podía ser ilegal en una zona verde. La promotora, además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel, lo que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.
Más tarde se detectó una segunda edificación en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena para la zona.
Paralelamente a estos casos, se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares llevó a la Guardia Civil a iniciar la operación «Mina».
Una vez analizados los documentos de los expedientes sobre las construcciones supuestamente irregulares, se comprobó que existían informes «claramente contradictorios» y «la implicación de responsables del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía».
Estas personas presuntamente habrían obviado ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el delegado provincial de Medio Ambiente.
También se detectó «la falta de un procedimiento administrativo transparente» para la realización de las actuaciones, ya que el 80% de llas se adjudicaron a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo.
De la misma forma, se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para «trampear» la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.
Todas estas irregularidades llevaron a los agentes a la confirmación de la supuesta connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse.
Por su parte, el edil socialista Joaquín Villazón, acusado de prevaricación por omisión, defendió ayer la legitimidad de su actuación como edil de Urbanismo en relación a esta operación ya que dio el visto bueno en 2009 a las actuaciones investigadas «por contar con el visto bueno del técnico responsable».
Joaquín Villazón añadió a través de un comunicado que cuando volvió a ejercer las funciones de Urbanismo, en noviembre de 2011, detectó varias irregularidades y puso en conocimiento de la Fiscalía de Málaga los sobregastos en las actuaciones investigadas, tras solicitar un informe del interventor que confirmó las irregularidades. Por ello, retiró de su puesto al arquitecto de su puesto en Urbanismo y lo trasladó a Servicios Operativos. «Todo esto hace insostenible ante la justicia la presunta comisión de un delito de prevaricación por omisión por mi parte», dijo el edil.
Ocultaban los fajos de billetes en un libro falso
Las diversas irregularidades confirmaron la connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse en un momento clave del Ayuntamiento, coincidiendo con la masiva asignación de presupuesto para la realización de obras con cargo a los fondos FEIL. Por ello, se procedió al registro en el domicilio del arquitecto técnico, en el cual se intervino diversa documentación oficial, que no debería encontrarse fuera del ente municipal, como facturas, adjudicaciones de obras, pliegos de condiciones, y un objeto que llama la atención por tratarse de una agenda, sin datos, de 2006, ahuecada con la medida exacta para ocultar fajos de billetes.
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