La delicada situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de Mijas debido a la crisis se pueden complicar aún más. Al menos, así lo cree el equipo de gobierno de la institución local, que ha hecho público que un centenar de empresas y particulares le reclaman en los juzgados una suma que supera los 60 millones de euros, sin contar los posibles intereses de demora y costes judiciales que puedan generar, en caso de que la autoridad judicial le dé la razón a los respectivos demandantes.

Se trata en su mayoría de demandas sobre planeamientos urbanísticos, responsabilidad patrimonial o reclamaciones de intereses de demora de contratos administrativos que ocurrieron durante los mandatos anteriores al actual, según explicó el concejal de Asuntos Jurídicos en el Consistorio costasoleño, Miguel González-Berral. También existen reclamaciones de facturas de servicios no sufragados y que años después un tribunal ha admitido a trámite.

Por ello, el equipo de gobierno municipal, que encabeza el alcalde, Ángel Nozal, se muestra bastante preocupado por los datos que ellos mismos manejan dos años después de asumir el presente mandato municipal. La culpa, según los responsables locales, es de los anteriores ejecutivos.

«Hemos llegado a esta situación, tal vez, por la carencia de iniciativa de los anteriores gobernantes para solventar los casos antes de que llegaran a los tribunales. Tememos, ahora, que la herencia litigiosa de estos años de gobiernos municipales socialistas hipoteque el futuro de Mijas por las implicaciones económicas que puedan conllevar», dijo el responsable municipal mijeño de los asuntos judiciales.

En este sentido, González-Berral no descartó más pleitos por este tipo de asuntos, aunque manifestó que «el actual equipo de gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo por solventar por la vía amistosa los casos que potencialmente se puedan convertir en un litigio».

Programa informático

Para poner orden en este asunto y conocer la totalidad de pleitos que manejaba el Consistorio, el Área de Asuntos Jurídicos municipal se hizo con un programa informático especializado, «cuya adquisición, por cierto, fue criticada por la actual oposición». Éste ha servido para crear una base de datos durante estos dos años de gestión que ha dado como resultado unos 100 litigios en los que particulares y empresas le piden al ente local más de 60 millones de euros. «A eso, si los jueces dieran la razón a todos ellos, habría que sumarles los intereses de demora y costas procesales que puedan generar cada uno de los casos», añadió el concejal.

Así, el equipo de gobierno municipal no sabe hasta qué punto podría dispararse la deuda, que se mantiene en la actualidad en casi 40 millones de euros (cerca de nueve millones a proveedores y más de 30 a bancos).

«Nos gustaría poder dedicar nuestros esfuerzos a otros temas municipales que seguro que nuestros vecinos agradecerían más», concluyó González-Berral.