18 de diciembre de 2013
18.12.2013
Tribunales

Una juez condena a 18 meses de prisión a Enrique Bolín por un delito urbanístico

La togada considera probado que el exalcalde de Benalmádena dio varias licencias para una vivienda en contra de la opinión de los técnicos

18.12.2013 | 05:00
En la imagen, Enrique Bolín, exalcalde de Benalmádena.

El exalcalde de Benalmádena Enrique Bolín ha sido condenado a 18 meses de cárcel y a una década de inhabilitación por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga por un delito contra la ordenación del territorio. La juez Montserrat Cortes López considera probado que el exregidor dio luz verde a la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilidad de la permitida, así como también autorizó la modificación de uso de un casetón y otorgó el permiso de primera ocupación pese a que existían informes desfavorables del arquitecto técnico municipal.

Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado, Enrique Bolín, en su calidad de presidente de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Benalmádena, fue «plenamente consciente de la contravención de las normas urbanísticas en vigor», en la concesión a una vecina de la localidad de una licencia para construir una vivienda unifamiliar en la zona de El Cerro, pese a que existía un informe técnico desfavorable emitido «por el aparejador municipal».

Ese estudio estaba fechado el 28 de mayo de 2004, y en él se recogía que la vivienda incumplía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del pueblo, dado que la altura máxima permitida para esa construcción y en esa parcela era de dos viviendas, y el permiso concedido era para tres.

Asimismo, Enrique Bolín, siempre según la juez, concedió por decreto, el 27 de abril de 2005, una licencia «aprobando la modificación solicitada por la misma en relación al aumento del casetón proyectado inicialmente, que pasaba de una superficie de 18,67 metros cuadrados a 28,87», consta en el apartado de hechos probados de la sentencia.

En relación a este aspecto también había un informe desfavorable del arquitecto técnico municipal, pues el casetón sólo puede tener un uso exclusivo, y no podía ser dedicado, como ocurría con lo solicitado por la vecina, «a sala de máquinas y climatización».

Por último, el entonces alcalde concedió por decreto, en diciembre de 2006, una licencia de primera ocupación para dicha vivienda, «a pesar de existir un informe desfavorable del 13 de junio de ese año emitido por el técnico municipal de infraestructuras, siendo plenamente consciente de que la misma no reunía los requisitos exigibles para la autorización».

La magistrada ordena además la demolición de las obras ilegales a cargo de Bolín y, subsidiariamente, del Ayuntamiento de Benalmádena, y ofrece a la vecina que, como perjudicada, ejerza las correspondientes acciones civiles.

Durante el juicio, el veterano político aseguró que dio las licencias porque se habían corregido los problemas técnicos, y, en cualquier caso, «se contaba con los informes favorables». Es más, apuntó que no veía todo el expediente completo, «sino una carpeta con la propuesta final».

Es más, indicó que sabía de la existencia de un análisis técnico contrario al inicio de las obras, pero que dio la primera licencia pese al informe porque «el expediente que me llevan era positivo, por eso entiendo que los problemas están subsanados». En relación al casetón, dijo no recordar informe negativo alguno y sólo supo de él cuando se paralizó la obra.

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