La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a otras ocho personas relacionadas con el Grupo Nueva Rumasa y en concreto con el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos. Entre las nuevas imputaciones destaca la del secretario general de Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-A, Gonzalo Fuentes, y al miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical del mismo sindicato y prejubilado en el ERE del hotel, José Cabrera. La juez achaca a ambos que «no sólo serían conocedores de la inclusión de intrusos, sino que facilitarían el proceso». La magistrada Mercedes Alaya argumenta que, del atestado de la Guardia Civil, «se desprende que existen otras personas implicadas que serían conocedoras de la existencia de intrusos, intermediación y pagos» al exsindicalista de UGT-A y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, «así como de las presuntas irregularidades en la subvención».

Fuentes, malagueño e histórico del sindicato en el sector turístico, lamentó a este periódico «las formas» al haberse enterado de la imputación por la prensa, aunque se mostró «muy tranquilo» y en desacuerdo con «el fondo» de un auto que ni siquiera ha recibido. «Mi labor fue velar por los intereses de los trabajadores que se prejubilaban, buscar soluciones e intentar defender todos los puestos de trabajo posibles para que el hotel continuara abierto», explicó antes de añadir que «nunca» fue consciente de los intrusos de los que habla la juez y que el expediente «fue aprobado por Inspección de Trabajo». «Desconozco si hubo alguna persona que no fuera del hotel. Eso es un asunto de la empresa, no mío. Mi labor era negociar como asesor externo», concluyó.

Otro de los imputados en el proceso es Miguel Rodríguez Ortega, quien como director del hotel «firmaría» la solicitud del ERE «a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel», según el auto. También imputa a Rafael Isla como gerente de Autos Marbesol, empresa adquirida por el Grupo Nueva Rumasa y a quien atribuye la inclusión en el ERE del extrabajador de su empresa José Antonio Cuevas. A Antonio Isla Barba, quien fue gerente de Viajes Marbesol, lo acusa de introducir en el ERE a Carlos Andrés Sendino, trabajador de Viajes Marbesol, con el objetivo de que éste «se acogiera al plan de prejubilaciones derivado del ERE a pesar de no reunir los requisitos.

Entre los nuevos imputados se encuentran, además, Alfonso Espinosa y Javier Bertola, directivos del Grupo Nueva Rumasa «que conocerían el presunto tráfico de influencias a favor del grupo ejercida ante la Junta de Andalucía por Juan Lanzas para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de Nueva Rumasa, y los que ordenarían los pagos a Lanzas a razón de cien millones de pesetas por ERE». Por último, la instructora imputa a Manuel Sánchez Marín, abogado y director de administración del Grupo Nueva Rumasa, al entender que en su despacho de abogados «se tramitaban todas las ayudas ante la Junta».