La parlamentaria andaluza y alcaldesa de Fuengirola por el PP, Esperanza Oña,criticó ayer la actitud del Gobierno autonómico respecto a sus obligaciones en la construcción de las infraestructuras necesarias para depurar las aguas. «Es una barbaridad que después de 35 años la Junta pretenda desentenderse de una competencia tan importante como es el saneamiento integral, es como si no quisieran hacerse cargo de los colegios y los hospitales», apuntó.
Estas declaraciones se producen después de la reunión mantenida el miércoles entre los alcaldes de la provincia de Málaga y el Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, donde los participantes propusieron que el 50% de los ingresos bajo el concepto de canon de saneamiento revierta en las arcas municipales para la ejecución de las obras relacionadas con las infraestructuras hidráulicas.
La iniciativa surge tras la respuesta que la Junta de Andalucía ha remitido al Defensor del Pueblo Andaluz en un informe donde atribuye las competencias en materia del ciclo integral del agua a los ayuntamientos. En el escrito, la viceconsejería de Medio Ambiente limita el papel inversor del Gobierno autonómico «al auxilio de la administración local» y cifra en 151,4 millones de euros las obras acometidas entre 2010 y 2012.
La diputada autonómica Esperanza Oña tachó de «incongruente» la respuesta del Gobierno andaluz, pues «desde mayo de 2011 cobran a todos los andaluces un canon finalista para ejecutar obras pendientes para lograr el saneamiento integral, y en 2010 publicaron un decreto por el que se iban a invertir 1.765 millones de euros en 548 municipios de la región que aún no depuran sus aguas».
En este sentido, Esperanza Oña anunció que el PP va a pedir la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en el Parlamento de Andalucía para que explique «por qué ahora pretenden eludir esta obligación después de 35 años».
Según la diputada autonómica, en el caso de que el Gobierno andaluz reitere su pasividad respecto al saneamiento, el PP presentará una Proposición No de Ley en la que exigirá la devolución a los ayuntamientos de los 132,5 millones de euros que la Junta ha cobrado ya a través del canon de saneamiento.
La Administración autonómica se comprometió en 2010 a llevar a cabo 47 actuaciones en la provincia de Málaga en materia de saneamiento y depuración de aguas para alcanzar el objetivo de «vertido cero» de aguas residuales al mar establecido por la Unión Europea para diciembre de 2015, pero de esa cifra sólo se han ejecutado cinco. Por otra parte, de los 17 proyectos acordados por la Diputación y el Gobierno central, sólo siete tienen calendario de trabajo.
Oña recordó el poco tiempo que resta para alcanzar el objetivo europeo en esta materia. «Es preocupante que las sanciones aparejadas a este incumplimiento son mayores que la inversión pendiente para lograr el saneamiento integral y es ilógico que tengamos que pagar todos por la mala gestión de la Junta».
