Municipal
Benalmádena rechaza los argumentos de la Junta contra la concesión del puerto
El Consistorio le exige la adscripción exacta de los terrenos de dominio público donde se harán las obras y cree que le correspondería una indemnización de 90 millones de euros por los 10 años de retraso

Infografía del proyecto de ampliación de Puerto Marina. / L. O.
Alejandro González
El Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado las alegaciones al anuncio efectuado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) el pasado 4 de marzo, en el que hacía público el inicio de los trámites para el rescate de la concesión de las obras de ampliación de Puerto Marina, entre otras cuestiones, por el retraso en los plazos de presentación del proyecto definitivo e inicio de obra y el retraso en el pago del canon.
El Ayuntamiento benalmadense ha presentado un documento de casi 30 folios en el que rechaza los argumentos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).
El Consistorio exhorta a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a otorgar la concesión administrativa en virtud del proyecto de ampliación suscrito por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Luis Almazán.
Este proyecto ya fue informado favorablemente por el Ministerio de Medio Ambiente, el 5 de junio de 2003. Sin embargo, el Ayuntamiento denuncia que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía aprobó el pliego de las condiciones de la concesión en virtud de otro proyecto distinto, elaborado en agosto de 2004 por Axel Logis S.L. y Berenguer Ingenieros. Este segundo proyecto no tiene el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que el Consistorio pide a la Junta de Andalucía que lo valide ante la administración estatal para no invalidar las obras en un futuro o que cambie el pliego de condiciones y lo ajuste al proyecto validado por Medio Ambiente.
Posteriormente, la APPA debería formalizar la adscripción de los terrenos exactos de la concesión, indicando con claridad su objeto y superficie.
Al no haber cumplido con este requisito, el Ayuntamiento de Benalmádena entiende que no se ha procedido a formalizar concesión alguna por lo que en ningún caso puede ponerse el cronómetro en marcha para contabilizar el plazo de presentación del proyecto definitivo y de inicio de las obras.
En cuanto al canon, el Ayuntamiento de Benalmádena continúa con la misma línea argumental y afirma que no puede cobrar un canon sobre una concesión que no ha ha formalizado legalmente.
Por ello, insta a la Agencia a definir qué pretende cobrar y si es en favor del Estado o de la comunidad autónoma, desde que se produzca la ocupación, lo que, a su juicio, resulta difícil si previamente no se ha formalizado concesión alguna.
Insiste en que la APPA ha de tener en cuenta las actuaciones realizadas hasta ahora y le acusa de abuso de poder al exigir el inicio de la obra en un plazo de tres meses bajo la amenaza de la extinción de la concesión.
Es más, el Ayuntamiento de Benalmádena considera un agravio los errores que, a su juicio, rodean a un proyecto que lleva más de diez años de tramitación por lo que no descarta pedir una indemnización de unos tres millones de euros anuales por lucro cesante, por un total de 90 millones de euros.
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