Un informe provisional de Intervención Municipal del Ayuntamiento de Benalmádena ha desatado la polémica entre el ente local y la Asociación del Comedor Social de Benalmádena.

Según el documento, dicho organismo no habría justificado un total de 250.000 euros en las facturas referentes a la subvención que reciben por parte del Consistorio.

La edil independiente apoyada por el Partido X, Encarnación Cortés, solicitó ya en diciembre de 2013 «el análisis de las cuentas de esta asociación», lo que motivó la redacción de este informe.

«La calidad de la comida era pésima y además de las aportaciones municipales, recibían donaciones de empresarios, por lo que no cuadra el ingreso de dinero con el supuesto gasto que estaban haciendo», afirma Cortés.

Tras la investigación inicial el Consistorio adoptó como medida cautelar la suspensión con fecha 30 de junio de este año de la aportación económica que se realizaba a este comedor.

La alcaldesa de la ciudad, Paloma García Gálvez, no quiso ayer entrar en ningún tipo de valoración «al tratarse de un informe provisional».

Así pues, hasta que no haya un documento definitivo -planteado para finales de agosto-, el Consistorio no va a pronunciarse. Una vez expiren todos los plazos y se valore si la asociación presenta o no finalmente las facturas, entonces ya el Ayuntamiento pedirá las cantidades que no hayan sido justificadas para que se reembolsen a las arcas municipales.

Otro de los temas conflictivos que se desprenden de dicho informe provisional, es la relación del teniente alcalde y edil de Bienestar Social (UCB), Francisco Salido, con la entidad receptora de esta subvención, al encontrarse su cuñado participando en la misma.

«Sólo puedo decir que me consta que el comedor ha justificado toda su actividad, y lo que hay que hacer es reconocerles la labor benéfica que realizan habiendo repartido más de 280.000 menús en dos años» apunta a este periódico, Francisco Salido.

Por su parte la asociación denunció ayer a la alcaldesa, Paloma García Gálvez y al interventor municipal, Javier Gutiérrez, por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, tal y como relata el tesorero del comedor, Antonio Pérez.

Según este responsable «todo está claro, han recibido 324.000 euros en dos años que divididos entre las comidas repartidas dan un total de 1,25 euros por menú».