17 de noviembre de 2014
17.11.2014
La Opinión de Málaga
Tribunales

La condena al gerente de Puerto Marina pone al límite el pacto de Benalmádena

José Manuel López Merino, vicepresidente de UCB, ha sido condenado por ejercer como abogado sin título – La alcaldesa, Paloma García Gálvez (PP), ya ha exigido su cese inmediato

17.11.2014 | 18:42
López Merino, gerente de Puerto Marina.

José Manuel López Merino, el hasta ahora gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena –Puerto Marina–, se conformó ayer con una multa de 3.600 euros y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por un delito de intrusismo, cometido al actuar como letrado en varios actos judiciales sin tener «el título académico exigido».

Tras conocerse la condena ya firme, la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP), ordenó a su socio de gobierno, el concejal Francisco Salido, máximo responsable del puerto y compañero de partido de López Merino (UCB), que cesará al gerente en sus funciones, según pudo saber este periódico de fuentes municipales.

Este caso y las últimas denuncias relacionadas con el líder de UCB, Francisco Salido, en relación a la contratación de familiares, han puesto en jaque la supervivencia del pacto de gobierno de PP y UCB, que ya se vio perjudicado este verano por la investigación del uso de las subvenciones entregadas al comedor social de la localidad. De hecho, la alcaldesa de Benalmádena mantuvo ayer por la tarde una reunión con el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, para abordar la situación política del municipio. La relación entre los populares y el partido de Salido se ha enfriado tras los últimos escándalos y fuentes consultadas por este periódico señalaron que el PP estaría planteándose incluso romper el pacto y gobernar en minoría hasta las municipales de mayo de 2015. De esta forma, los populares se desvincularían de UCB para tratar de no verse perjudicados por los casos ya referidos e intentar el próximo año alcanzar la alcaldía en solitario.

El PP y UCB unieron sus fuerzas para hacer una moción de censura en 2012 al PSOE, que hasta entonces tenía a Salido como socio de gobierno. Esa misma circunstancia ya se dio en la anterior legislatura.

En cuanto a la condena a López Merino, vicepresidente de la Unión de Centro de Benalmádena (UCB), éste se conformó con la pena solicitada tanto por la Fiscalía de Málaga como por dos acusaciones particulares, entre ellas el Colegio de Abogados, que siempre se persona en este tipo de procedimientos contra letrados que ejercen la abogacía sin serlo.

En concreto, López Merino admitió los hechos y se conformó con seis meses de prisión y seis de inhabilitación, aunque la pena de privación de libertad le fue sustituida por una multa de 3.600 euros.

Según consta en la calificación fiscal, el 26 de abril de 2011, el acusado «actuó identificándose como abogado y representante procesal» de dos mujeres denunciadas en un juicio de faltas, que se celebró en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos.

Asimismo, dice la acusación pública, el 10 de junio de 2011 intervino como letrado «en la declaración prestada por su cliente en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos», de tal forma que se presentó como abogado dando un número de colegiado falso.

El 13 de junio de 2011, volvió a comparecer en las dependencias policiales, «a fin de actuar nuevamente como letrado», estando una vez más presente en una declaración.

«El acusado, cuando realizó los actos descritos, carecía del título académico exigido para atribuirse públicamente la cualidad profesional de abogado, así como para el ejercicio de los actos propios de la abogacía», indica la fiscal, que añade que no consta que el encausado pidiera cantidad de dinero alguna a sus clientes.

El Colegio de Abogados, que finalmente rebajó su petición, pedía dos años por delito de intrusismo, pues resultaba aplicable «la clara ostentación pública que hace el acusado de su cualidad de letrado», lo que convierte en mucho más grave el asunto.

En el escrito de la institución colegial se indicaba que en el proceso constaban «certificaciones tanto del ilustre Colegio de Abogados de Málaga como del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en las que se manifiestan que no constan datos de colegiación alguna en relación al acusado».

Una de las acusaciones particulares asegura en su escrito de conclusiones provisionales que, además de la comparecencia en los actos judiciales, el acusado se presentaba como «responsable del gabinete jurídico del partido local de Benalmádena UCB en los periódicos» de la formación.

En los dos últimos años, explicó ayer el decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara Peláez, se han presentado cuatro denuncias contra personas que ejercían como abogados sin serlo.

En algunos de los casos asistieron a clientes en diversas comisarías y en otros incluso los representaron en juicios de faltas.

«No podemos suspenderlos porque no son colegiados, pero sí los denunciamos por intrusismo, que no es más que una forma de defender a la profesión y a los ciudadanos», opinó Lara.

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