Conflicto
La Junta reclama un millón de euros a Torremolinos por chiringuitos ilegales
El alcalde, Pedro Fernández (PP), replica que dicha sanción ya fue recurrida por el Consistorio

Imagen de un chiringuito de la Costa del Sol. / L. O.
La Junta de Andalucía sancionó en marzo del pasado año al Ayuntamiento de Torremolinos con una multa de aproximadamente un millón de euros, en virtud de las infracciones cometidas en chiringuitos de la localidad, según recordó ayer el grupo municipal de IU y confirmó durante su visita a la feria Expoplayas la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
Dicha sanción partió de las denuncias que interpusieron vecinos y organizaciones empresariales a raíz del «uso no adecuado» que determinados empresarios estaban dando a los establecimientos. Por ejemplo, se alegaba por parte de algún denunciante que fueron utilizados en determinados caso como discotecas. Así fue tramitado un expediente de acuerdo con la normativa, expresó Serrano.
Medio Ambiente impuso la multa por la ejecución «no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre lo autorizado». La resolución la dio a conocer a primera hora de ayer, antes de que se inaugurase la feria autonómica Expoplayas de Torremolinos, el propio grupo de Izquierda Unida en el municipio.
La consejera expresó que el Gobierno andaluz tiene que hacer cumplir la normativa vigente. «Ante el requerimiento de la Fiscalía y la denuncia de los vecinos, tenemos que cumplir con lo que la normativa abarca». Pero justo en este sentido, el alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), respondió a este periódico que la sanción fue en su momento recurrida y que todavía se está a la espera de obtener una respuesta.
«Ocultación de las cuentas»
El alcaldable de IU, David Tejeiro, criticó que el Ayuntamiento de Torremolinos durante estos meses «haya ocultado las cuentas reales a los vecinos». Y manifestó lo siguiente: «Recientemente se han aprobado los presupuestos municipales y no aparece ninguna mención a esta resolución de Medio Ambiente, ni una provisión ante una posible obligación de pago», concluyó.
Izquierda Unida remarcó que la noticia ha sido recibida de forma «muy negativa», pero expresó además que la ciudadanía tiene tanto derecho a conocerlas «como el propio concejal de Hacienda o el alcalde». Tejeiro dijo asimismo: «Teniendo en cuenta las cosas que van apareciendo a pesar del bloqueo informativo institucional, no queremos ni pensar lo que puede haber escondido en esos cajones».
Y, sobre el presupuesto municipal, matizó que tampoco se recoge provisión alguna para el pago de los cerca de 20 millones de euros de deuda con Málaga, «a pesar de haber sentencia firme; ni para pagar otros dos millones de euros que otra sentencia obliga al Ayuntamiento en favor de dos particulares a quienes se les expropió un terreno y se les quería pagar en 20 años», aseguró.
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