Ahora que parece que el horizonte más inmediato de las escuelas de hostelería de La Cónsula y La Fonda se despeja, haciendo caso del compromiso adquirido por la mismísima Susana Díaz, y que se dio de plazo hasta el día 14 de marzo para que ambas funcionaran con normalidad, los pocos trabajadores del CIO de Mijas se rebelan y luchan contra el ostracismo al que, según denuncian, le condena la Junta de Andalucía, que desde el pasado año 2013 no autoriza que se impartan nuevos cursos de formación en estas instalaciones, y que gestiona una UTE privada, formada por MS Hoteles y G D T Asesoramiento Empresarial, con un contrato administrativo que ganó a través de concurso público en 2005.

En este consorcio participan la Junta (80%) y el Ayuntamiento de Mijas (20%). Hace dos años contaba con más de 300 alumnos que recibían formación en recepción, gobernante, camareras, maitre, cocina o director de hotel. El CIO también daba clases de jardinería o de campos de golf. Este hotel escuela era un centro de formación integral de la industria del ocio. En total, una veintena de cursos tanto para desempleados como para ocupados. «En 2013 la Junta nos dejó de pagar pero pudimos aguantar hasta julio de 2014, terminando todos los cursos menos uno», explica Mariola Ustaran, directora de la entidad gestora. El CIO de Mijas recibía una subvención anual de 2,1 millones de euros. «No nos quedan alumnos, ni siquiera para que puedan salir a la calle, protestar y hacer el mismo ruido que han hecho los de La Cónsula, y que gracias a eso han sido tenidos en cuenta», se lamenta.

La principal crítica de los pocos empleados que quedan en el CIO de Mijas, después de dos expedientes temporales de regulación de empleo (llegó a contar con una plantilla de 60 a la que se sumaban otra veintena en momentos puntuales) es que desde hace ocho meses no tienen interlocución con nadie de la Delegación Territorial de Educación. Ninguna noticia. «Reclamamos una solución que puede pasar por dos vías: que la Junta atienda nuestra solicitud de resolución del contrato que ya presentamos en verano, ya que lo está incumpliendo al no pagar los servicios prestados y no podemos dar los servicios por los que nos habían contratado; o que nos autoricen la formación», añade Ustaran.

La directora asegura que el pasado verano la delegada, Patricia Alba, «se comprometió a que se haría cargo de la situación» de este consorcio que, según sostiene, «es mucho más eficaz que cualquier otro». «En julio ya no nos recibió. Fuimos atendidos por la secretaria general de Educación y desde entonces no sabemos nada más», agrega. No obstante, fuentes de Educación respondieron ayer que sí se ha mantenido contacto con el centro en este tiempo.

La empresa se encarga de la conservación y mantenimiento de las instalaciones, de más de 30.000 metros cuadrados. Los gastos fijos de funcionamiento son muy elevados. «Solo de luz tenemos que pagar una factura mensual de 5.000 euros, y eso que el centro está cerrado», explica la directora, que añade que el 1 de abril tiene previsto abrir el hotel para generar ingresos. «La situación es desesperada», concluye.