La Guardia Civil ha desencadenado hoy otra operación relacionada con el fraude en los cursos de formación en Andalucía, cuya pieza principal instruye la juez Mercedes Alaya. Fuentes judiciales aseguran que han sido detenidos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y también antiguos altos cargos del Consejo General de dos consorcios, CIO de Mijas y Formades. Fuentes del caso, por otro lado, han afirmado que entre los detenidos está el exdelegado provincial de Empleo de Málaga, Juan Carlos Lomeña.

Las fuentes indicaron que se prevén entre 15 y 20 detenciones, es decir, personas que tenían competencia para repartir y adjudicar las subvenciones de formación. Uno de los arrestados es el exdelegado provincial de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas.

Fuentes del caso aseguraron que a primera hora de la mañana llegaron efectivos de la Guardia Civil a la sede del CIO de Mijas y mandaron a los seis funcionarios que la Junta tiene destacados en el edificio. La gerente está en su despacho y cooperando con los agentes, al igual que uno de los empleados está ayudando a embalar cajas a la Guardia Civil. Se prevé que la intervención dure varias horas.

Otras fuentes del sector, distintas de las anteriores, señalaron que personal de la Junta ha sido llamado en los últimos meses a declarar ante los investigadores de la Guardia Civil en Sevilla, en cuyas dependencias les preguntaron si se habían celebrado los cursos, a lo que contestaron que "al 100% y con un alto grado de éxito".

Los módulos eran relativos a cocina, gobernanta, camarero, cocinero o jardinero y, en la mejor época, el volumen de alumnos oscilaba entre los 350 y los 400, 117 de ellos en la residencia.

Los delegados del SAE en Sevilla y Huelva, cesados. El portavoz del Gobierno en funciones, Miguel Ángel Vázquez, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, de que el Ejecutivo autonómico ha decidido apartar de sus cargos a los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva).

Aunque esos dos directivos han sido apartados de sus cargos, Vázquez ha expresado su respeto a la presunción de inocencia y se ha mostrado convencido de que son personas "honestas e íntegras".

No obstante, Vázquez ha incidido en que el Gobierno tiene que actuar "con hechos para dar tranquilidad a la ciudadanía y preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía" y, además, ha apostillado: "No podemos decir una cosa y hacer la contraria".

Aunque ha reconocido que la decisión de cesar a los cargos en activo puede resultar "injusta" por el respeto a la presunción de inocencia, ha asegurado que "hay que actuar de manera inmediata e implacable" para "dar ejemplo los ciudadanos que exigen que actuamos no sólo con palabras sino con hechos".

Ha subrayado que esta decisión del Gobierno andaluz "deja en evidencia" lo que se hace en otras instituciones y en este sentido ha dejado claro que "Andalucía no es Madrid; ni se jalea ni se mantienen cargos públicos implicados en casos de corrupción" como la directora de comunicación de la comunidad madrileña Isabel Gallego, implicada en la operación púnica.

Preguntado por el hecho de que la juez instructora del caso del fraude en los ERE y en los fondos de formación Mercedes Alaya no haya ordenado las detenciones hasta pasadas las elecciones autonómicas, el portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha dicho que "ni valora ni comenta ninguna actuación judicial".

No obstante, ha reiterado la voluntad de colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia para que se recupere hasta el "último euro mal usado".

Preguntado por las cesantías -el cobro del sueldo durante dos años una vez cesados los altos cargos-, Miguel Ángel Vázquez lo ha justificado porque Andalucía tiene el mayor régimen de incompatibilidades de España.

Ha apuntado que cuando cesan los altos cargos durante dos años no pueden trabajar en asuntos vinculados a la función que han tenido y, por tanto, tienen dificultades para acceder al mercado laboral, salvo que pertenezcan a la función pública.

Además, los altos cargos no cobran la prestación por desempleo cuando cesan en su cargo y se quedan en el paro, salvo que vuelvan a su puesto de funcionario si proceden de ámbito público, ha alegado.

Igualmente ha sostenido que la existencia de las cesantías favorece que "no existan las puertas giratorias". EFE