El Ayuntamiento de Mijas acordó ayer en Junta de Gobierno Local instar a la Junta de Andalucía a que, a su vez, exija a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que realice el sellado del vertedero de Entrerríos, que dicha empresa gestionaba y que fue clausurado hace más de tres años.
El Consistorio mijeño tiene indicios de que en esta planta no se reciclaba de forma correcta ni se cumplía la normativa de gestión de residuos. Estas conclusiones han obligado al ente local a encargar la realización de varios estudios jurídicos y medioambientales que arrojen luz a la actividad real de dicho vertedero.
«Es la Junta la que tiene el aval que en su día se le exigió a FCC como gestora del vertedero y por eso, es el ente regional el que debe exigir inmediatamente que la mercantil cumpla con su obligación de sellarlo. Si la empresa no lo hace, la Junta debe ejecutar el aval que posee para llevar a cabo el sellado», aseguró el edil mijeño Mario Bravo.
Así pues, desde mediados de 2011, los residuos de Mijas son transportados a la planta de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, para su reciclaje y tratamiento. Según el Consistorio, «el ahorro asciende a cuatro euros por tonelada».
