Los vecinos de la urbanización Torresol de El Bajondillo en Torremolinos han decidido arreglar el ascensor público ubicado en la zona. La comunidad pretende llegar a un acuerdo con el Consistorio una vez analizadas las finanzas del complejo residencial.
El pasado mes de marzo el regidor de la ciudad, Pedro Fernández Montes, dictó un decreto de alcaldía en el que daba 72 horas a los residentes para que acometieran las obras. De no ser así el Ayuntamiento ejecutaría los trabajos de manera subsidiaria a cargo de las arcas de la comunidad.
Esta decisión por parte de los vecinos no ha sido fácil y no está exenta de polémica. Dicho elevador, que conecta la zona alta de El Bajondillo con la playa, fue cedido al ente local cuando se realizó la construcción de la urbanización, al igual que la plaza, la zona ajardinada y un edificio.
En este sentido, el Consistorio dejó su gestión en manos de la Asociación de Minusválidos Físicos de Torremolinos (Amifto), que ha estado cobrando cada trayecto del ascensor desde hace años.
«No entiendo cómo hemos tenido que pagar por subir y bajar del ascensor porque no era nuestro, y ahora resulta que tenemos que financiar los arreglos para que se ponga en marcha porque, según el Ayuntamiento, sí es nuestra responsabilidad», apunta indignada una vecina.
La polémica viene por el desprendimiento de uno de los taludes que se encuentran en la zona, lo que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y los viandantes. Por este motivo, el ascensor permanece clausurado hasta que se lleven a cabo los trabajos pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento.
Los vecinos aseguran que dicho talud pertenece al Consistorio y el ente local asevera lo contrario. Hace cuatro años la comunidad emprendió un pleito contra el Ayuntamiento por conflictos con la titularidad del mismo, entre otras cuestiones, habiendo presentado recientemente un escrito para paralizar el proceso legal en pro de llegar a un acuerdo amistoso con el Ayuntamiento.
Los vecinos han decidido sufragar los gastos de acondicionamiento del talud tras analizar la situación de seguridad y la financiera.
Si se enzarzan en un conflicto legal administrativo que se pueda extender en el tiempo durante años, hasta resolver la titularidad, los residentes corren el riesgo de que el Ayuntamiento ejecute las obras, cuyo presupuesto inicial podría rondar los 450.000 euros, y las cargue a las finanzas de la comunidad.
Los técnicos consultados por la urbanización estiman, sin embargo, en 150.000 euros el arreglo del problema con una nueva técnica diferente a la del gunitado. Por este motivo, prefieren acometer ellos los trabajos por un importe menor.
A su vez, cuanto más se alargue el proceso más complicada es la vida para los vecinos. Uno de los taludes supone un riesgo para muchos residentes, ya que se desprenden cascotes en parte de sus viviendas. «Ya se verá después del arreglo a quién pertenece la responsabilidad pero lo que está claro es que así no podemos seguir», señala uno de los vecinos.
Mientras se ejecuta esta obra los turistas y lugareños han de subir escaleras que son totalmente impracticables para las personas discapacitadas.
