03 de junio de 2015
03.06.2015
Centro de Torremolinos

El Refugio pide cuatro años de cárcel para la presidenta de Parque Animal

El colectivo se ha adherido a la solicitud de la Fiscalía – En el centro fueron sacrificados más de dos mil animales

03.06.2015 | 00:30

­El Refugio se ha adherido a la petición de la Fiscalía de Málaga y ha solicitado cuatro años de prisión para la presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos por el sacrificio de unos 2.200 animales. El fiscal, inicialmente, acusa a la responsable de este colectivo de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la responsable de Parque Animal se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.

El Refugio ha reclamado también tres años de inhabilitación para la responsable para profesión u oficio con animales y un año para el encargado de mantenimiento y limpieza. En un comunicado destacaron que tras la «laboriosa» investigación del Seprona de la Guardia Civil de Torremolinos, con una inspección de las instalaciones de Parque Animal que supuso la detención de la presidenta y la imputación de varios colaboradores; además de la instrucción «lenta pero segura» por parte del juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, se abra el proceso de acusación.

El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, incidió en la actuación del Seprona y agradeció la instrucción del juzgado. Además, destacó que, como acusación, están «felices de poder sentar en el banquillo de los acusados a estos dos presuntos maltratadores».

Recordaron que desde principios del año 2008 y al menos hasta el 8 de octubre de 2010, los acusados, que al parecer impartían las instrucciones y ejecutaban materialmente los hechos, «han venido supuestamente sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación, de forma masiva e injustificada, con la exclusiva finalidad supuestamente de reducir los costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados (de pago)». Estos sacrificios «masivos» supuestamente los llevaban a cabo los propios acusados, «sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano, los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos veterinarios precisos para ello, supuestamente suministrando dosis del producto por debajo de lo indicado en el prospecto, pero suficiente para producir la muerte e inyectando los productos de forma inexperta, por vía distinta a la intravenosa, como viene prescrito, y sin sedación previa».

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