Los trabajadores de La Fonda ya no saben qué más les puede pasar. Se sienten en medio de un culebrón en el que cada día se produce una sorpresa desagradable para una de las escuelas de hostelería más emblemáticas de la provincia. Ahora que creían que habían pasado por lo peor, una comisión judicial embargará los bienes de este centro de formación, por lo que los alumnos que se están inscribiendo para dar clases el curso que viene podrían encontrarse unas cocinas vacías y sin materiales.
Como adelantó La Opinión de Málaga el domingo, el juzgado de lo Social número 6 de Málaga ha dictado que se proceda este martes al embargo de los bienes, del material de cocina y otros activos del Consorcio para hacer frente al pago de 240.993 euros y de 24.099 euros al que ha sido condenada por la extinción del contrato y la indemnización equivalente a José Roldán, primer maitre de La Fonda, y de Antonio Pedraza, jefe de cocina de la escuela.
«Los trabajadores han ganado su sentencia y yo no soy juez, sino profesora maitre», explicó ayer Carmen Sánchez, portavoz de los docentes, que finalmente han podido cobrar las once nóminas que les debía la Junta de Andalucía, aunque este año no han podido dar clases porque el curso nunca pudo comenzar.
Los profesores sostienen que asisten a estos hechos «muy desconcertados». Tras una lucha sin tregua durante meses, manifestaciones, concentraciones y encierros en las instalaciones de la escuela de hostelería, incluidos, el personal del centro pudo cobrar todo el dinero que les debían. Sin embargo, ahora la Junta les vuelve a deber. En este caso, las nóminas del mes de mayo. Sánchez reconoce que, con toda probabilidad, tampoco cobrarán junio, debido a otro embargo anterior de las cuentas del consorcio.
El pasado 16 de junio se produjo la firma de un convenio de colaboración con la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF), dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que permitiría a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo reanudar sus acciones formativas. Esta medida estaba llamada a normalizar la actividad de La Fonda y La Cónsula, en la capital, y de otros ocho centros en Andalucía por un periodo transitorio hasta su integración definitiva en esta agencia.
Del mismo modo, se abría el plazo para recibir solicitudes de alumnos para el próximo curso escolar. Según informó la Consejería de Educación en un comunicado, «el Consejo Rector de la APEF decidió la apertura de una línea de actuación con dotación presupuestaria para el desarrollo de acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo».
Según Sánchez, este convenio vendría a dar liquidez a La Fonda. Sin embargo, todo está otra vez en el aire después de que el juez haya dado la razón a los dos trabajadores que habían solicitado la extinción de sus contratos por el impago continuado de sus nóminas. La demanda, que al principio iba contra el Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena La Fonda, la Consejería Educación, el Ayuntamiento de Benalmádena y la Agencia Andaluza de Educación y Formación, finalmente fue aceptada sólo contra el Consorcio Escuela.
