La Junta de Andalucía ha recurrido la sentencia del Juzgado de los Social número 6 que obliga a embargar las cocinas de La Fonda para hacer frente al pago de 240.993 euros y de 24.099 euros al que ha sido condenado el consorcio de esta escuela de hostelería de Benalmádena por la extinción del contrato y la indemnización equivalente a José Roldán, primer maitre, y de Antonio Pedraza, jefe de cocina de la escuela. El director general de Formación del Gobierno andaluz, Manuel García, explicó ayer que la ley impide que los bienes que se utilizan para la prestación de un servicio público puedan ser requisados judicialmente. «Hemos reiterado la nulidad de esta diligencia para que el juzgado la deje sin efecto», señaló.
Pese a ello, una comisión judicial integrada por dos funcionarios se desplazó ayer a las instalaciones de la escuela para efectuar un inventario de los bienes para este embargo, «pero aún no se han llevado nada», matizó Carmen Sánchez, portavoz de los profesores de La Fonda.
Entre los bienes y otros activos inventariados, según ha podido saber este periódico, se encuentran desde congeladores o lavaplatos situados en el almacén, parrillas, planchas, frigoríficos, abatidores, campanas extractoras o freidoras de las cocinas, «todo totalmente equipado, de primera calidad», según se añade en la nota del inventario, hasta una pizarra electrónica y su proyector, ordenadores e impresoras, del aula de informática.
Como ya avanzó La Opinión de Málaga el pasado domingoLa Opinión de Málaga, la sentencia da la razón a los dos trabajadores que habían solicitado la extinción de sus contratos por el impago continuado de sus nóminas. La demanda, que al principio iba contra el Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena La Fonda, la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Benalmádena y la Agencia Andaluza de Educación y Formación, finalmente fue aceptada sólo contra el Consorcio Escuela, al que se le condena «porque ha incumplido gravemente sus obligaciones contractuales con los demandantes».
«Pagaremos». Manuel García insiste en que la legislación impide que se embarguen «los bienes públicos vinculados a la prestación de un servicio público». De ahí que se haya solicitado por escrito que el juzgado deje sin efecto esta diligencia. No obstante, el director de general de Formación de la Junta de Andalucía admite la obligación que tienen de pagar a estos dos trabajadores las cantidades reclamadas. «Pagaremos, pero cuando finalice el proceso de liquidación del consorcio para integrarlo dentro de la nueva Agencia Andaluza de Educación y Formación (AAEF)», explicó. A ellos y al resto de proveedores a los que se le deben facturas.
También a los propios empleados de La Fonda, a los que de nuevo se le adeudan nóminas. En concreto la del pasado mes de mayo. «También estamos solucionando este tema. Con la firma del convenio de colaboración entre la Agencia y las escuelas de La Cónsula y La Fonda, esperamos tener resuelta esta cuestión antes de que termine el mes de junio y ponernos al día», avanzó.
En efecto, el pasado 16 de junio se produjo la firma de este convenio de colaboración con la APAEF, que permitiría a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo reanudar sus acciones formativas. Esta medida estaba llamada a normalizar la actividad de La Fonda y La Cónsula, en la capital, y de otros ocho centros en Andalucía por un periodo transitorio hasta su integración definitiva en esta agencia.
Del mismo modo, se abría el plazo para recibir solicitudes de alumnos para el próximo curso escolar. A pesar de todas estas malas noticias que han jalonado la historia del consorcio de Benalmádena, son muchos los alumnos preinscritos interesados en estudiar en la escuela el próximo curso.
Los profesores han superado, por su parte, una larguísima travesía por el desierto, con encierro en las instalaciones incluido, manifestaciones y concentraciones, en las que reclamaban el inicio del curso (algo que no se ha producido) y el pago de once nóminas pendientes, un dinero que por fin pudieron cobrar en marzo.
