­El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, anunció ayer que la resolución del Tribunal Supremo (TS) declarando nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental, en la provincia de Málaga -aprobado por la Junta en julio de 2006-, provocará que la pretendida actualización del planeamiento, que ya tiene nueve años y que iba a acometerse «en breve», se haga «algo antes».

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fiscal, que explicó que el gabinete jurídico aún estudia el texto con «detenimiento» para «poder pronunciarnos y actuar con máximo rigor», manifestó que de un primer análisis sí se desprende que la anulación obedece a dos asuntos de índole «absolutamente formal», como son el haber contestado a las alegaciones no en el primer periodo, sino en el segundo, y la no emisión del preceptivo informe de evaluación del impacto de género del plan. «No entra, ni muchísimo menos, en el fondo del plan», insistió el titular andaluz de Ordenación del Territorio, que añadió que la administración andaluza acata la decisión del Tribunal Supremo y que «poco más hay que decir hasta no conocer con más detalle el contenido».

Fiscal precisó que no cabría temer una serie de resoluciones en «cascada» contra los planeamientos urbanísticos del entorno, al referirse la sentencia a cuestiones formales, así como tampoco tiene por qué producirse una situación de inseguridad jurídica para los inversores, puesto que la actualización se hará «de manera rápida» y de la mano de los actores interesados.

Por último, el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio confirmó que «con toda seguridad» la semana que viene se producirán contactos y reuniones para «analizar el tema y transmitir tranquilidad».

El POTAU de la Costa del Sol Occidental fue aprobado en 2006 con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía. El documento afecta a los municipios de Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén y, entre otras cosas, obligaba a estos municipios a adaptar su planeamiento urbanístico a las exigencias de este plan territorial. El POTAU establecía las pautas para potenciar la cohesión e integración territorial y la complementariedad del sistema de asentamientos costeros e interiores, y mejorar la articulación con los ámbitos territoriales limítrofes, en especial con la aglomeración urbana de Málaga. El plan establecía reglas de infraestructuras básicas, transportes, gestión de espacios y aprovechamiento de los recursos naturales.