La Fiscalía malagueña ha solicitado hoy la condena de cinco policías locales de Mijas acusados de traficar de drogas, apropiarse de alijos y más tarde venderlos aprovechándose de su cargo de agentes para obtener información.
El juicio ha quedado hoy visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga y los policías se enfrentan a penas de entre los seis años y nueve meses y los cuatro años de cárcel por supuestos delitos contra la salud pública.
Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de sus clientes y han argumentado que las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos no son legales porque se vulneraron sus derechos fundamentales y han pedido la nulidad de las actuaciones.
El juicio a los agentes se ha tenido que repetir después de que el Tribunal Supremo revocara la sentencia absolutoria y ordenara retrotraer las actuaciones al momento de las cuestiones previas,para que admitiera la prueba propuesta por el fiscal.
El letrado Alfredo Herrera, que ejerce la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Mijas, ha subrayado durante su alegato final que 'cuando un funcionario se corrompe afecta a todo el sistema y eso es absolutamente aterrador".
"Cuando un político se corrompe se le puede echar y cambiar, pero cuando la corrupción afecta a un funcionario público -en referencia a los policías- afecta la estructura y es verdaderamente alarmante", ha insistido el representante del Ayuntamiento de Mijas.
El abogado también ha destacado la alarma social que provoca casos de corrupción policial y ha lamentado que se hayan dedicado a hacer dichas "barbaridades" siendo "la policía de Mijas la mejor pagada de España".
Según las acusaciones, los procesados aparecían de forma sorpresiva en operaciones de desembarco de droga, para hacerse con los alijos y más tarde venderlos.
Para ello, los agentes utilizaban información de primera mano, "que provenía de sus contactos con otros cuerpos de seguridad y del submundo del narcotráfico procedente de Marruecos".
Los cinco policías presuntamente constituían, al menos desde febrero de 2009, un grupo organizado bajo la jefatura de J.M.M., que aprovechaban su condición de policía para presentarse "sorpresivamente" en operaciones de desembarco o tráfico de sustancias estupefacientes sin comunicarlo a sus superiores.
Para sus actos delictivos, los acusados utilizaban uniformes, armas, documentos identificativos y vehículos oficiales, además presuntamente, los agentes tras la huida de los narcotraficantes se apoderaran y lucraban de alijo con su posterior venta.
