La reciente dimisión de Ignacio González como secretario general del PP madrileño se interpretó como un paso atrás ante las informaciones que se esperaban en relación con el ático de lujo que, junto a su mujer, alquiló y luego compró en una urbanización de Estepona. Y los analistas tenían razón, a tenor del escrito de la Fiscalía Anticorrupción remitido a Instrucción 5 de la localidad costasoleña en el que se pide la declaración, en calidad de investigados, del expresidente de la Comunidad de Madrid, su esposa y del actual presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Las peticiones, realizadas por el fiscal en el escrito, se producen a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas relacionadas con las grabaciones que se han aportado a la causa y, gracias a las cuales, «se atribuyen a González hechos que, de ser ciertos, podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales».

La decisión fiscal amenaza con generar un terremoto político en Madrid. Ayer, el PP madrileño mostró su «máximo respeto a las decisiones judiciales» sean en el sentido que sean, mientras que la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, aseguró que los populares están «inhabilitados» como partido de Gobierno y pide a Ciudadanos que no mantenga «esta situación abominable» en el Gobierno autonómico. La formación naranja, por su parte, cree que «hay que dejar trabajar a la justicia».

Anticorrupción considera que estas declaraciones se han de llevar a cabo en el juzgado de Estepona, puesto que hay que reproducir las conversaciones contenidas en el sumario y por las que ya declararon, como testigos, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo a principios de febrero.

El acusador público también insta a que se proceda a declarar la causa como compleja, lo que supondría contar con 18 meses más para investigar, y asimismo sostiene el ministerio público, tampoco debe inhibirse este órgano en favor de la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel, contra la corrupción en el PP, «al no estar acreditada la vinculación de los hechos».

El denunciante del caso, el abogado Javier Carnerero, mostró su satisfacción. En declaraciones a Efe, el abogado dijo que esta solicitud tenía que haber llegado antes si hubieran prosperado las comisiones rogatorias hechas al Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, «el gran freno» en la causa. No en vano, la Fiscalía ha solicitado que se remita una nueva comisión rogatoria de petición de información a Panamá, país en el que estaban radicadas algunas de las sociedades que ocultarían la titularidad real de los dueños del inmueble.