Los padres del colegio Picasso de Fuengirola ya se han cansado de llevar a sus pequeños a un colegio con más de cincuenta años y pocas reformas, por no decir ninguna. Por ello, pasado mañana, miércoles, realizarán una protesta pacífica en forma de cacerolada en la sede de la Delegación de Educación en Málaga.

Aseguran sentirse «desprotegidos e indignados» ante el tratamiento que la Junta les ha prestado. «Durante quince años se han producido hundimientos en el centro y nadie ha hecho nada», asegura la presidente del AMPA La Paloma, Susana Cortés.

No es el único desperfecto que tienen las instalaciones. El suelo presenta grietas, algunas hasta de más de un centímetro de grosor, con desniveles importantes debido a la combustión de un sótano totalmente cerrado y que no puede transpirar, «que causa también que se caigan constantemente paneles de alicatado de las paredes y baños», aseguran desde la asociación.

El propio patio de infantil está precintado con vallas desde hace más de un año debido a que un informe pericial no consideró reglado su uso. «Las pendientes del suelo están invertidas, con lo que el agua de lluvia entra dentro del los edificios, el suelo de las pistas está totalmente agrietado, se nos desmoronan las paredes, se cae el alicatado y hay oquedades como consecuencia del deterioro del yeso», denuncia Cortés.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos e Izquierda Unida se han interesado por el asunto y hasta los invitaron al Parlamento andaluz. En esta última visita les entregaron un dossier a todos los representantes malagueños. El gobierno socialista ha aprobado un Proposición No de Ley en la que aseguran que en verano realizarán algunas reformas para facilitar la vida de los niños en el colegio.

Son 225 niños de entre 3 y 12 años los que están matriculados en este centro. «Nos exigen que llevemos a los niños al colegio pero no nos garantizan su seguridad», alega la presidenta.

Al ser una Proposición No de Ley, los padres no se fían, y creen que todo puede quedar en meras palabras y en un papel.

Por su parte, desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga se asegura que la Agencia Pública Andaluza de Educación «se encuentra realizando un examen patológico, a través de una empresa especializada, para determinar las intervenciones y el nivel de alcance que, con carácter inmediato, haya que ejecutar».

De todos modos, el citado departamento afirma que los técnicos «visitan todos los centros que demandan actuaciones y mejora de sus instalaciones, que se van atendiendo mediante la programación de las mismas en función de lo que sus técnicos consideran que es prioritario».