­El exalcalde de Mijas Ángel Nozal (PP) está citado a declarar como investigado el próximo 22 de junio a las 11.30 horas ante el juzgado número 1 de Fuengirola, que investiga la denuncia de un matrimonio al que el Ayuntamiento de Mijas le subastó su casa para saldar una multa de 17.000 euros, según ha confirmado a La Opinión de Málaga el abogado de la acusación, Antonio Moles.

La vivienda en cuestión es un chalé de más de 400 metros construido en una parcela de 1.000 metros cuadrados en la zona de El Coto, una de las mejores de Mijas, propiedad del matrimonio de Salvador Guerrero y su mujer Ana, que tienen tres hijos.

La vivienda fue valorada en 800.000 euros por un banco durante la crisis, según cuenta Salvador Guerrero. La multa por la que le embargaron y subastaron la casa es de 17.000 euros (21.000 con los intereses). «Es absolutamente desproporcionado que el Ayuntamiento de Mijas embargue y subaste una vivienda para saldar una deuda de 17.000 euros -afirma el abogado Antonio Moles-. El Ayuntamiento afirma que desde el punto de vista administrativo es normal y es legal, pero yo le voy a demostrar que penalmente, no; esto es un fraude de ley», explica el abogado.

La multa que da origen al embargo y subasta de la vivienda responde al impago de varios recibos municipales y a la sanción urbanística por construir un almacén y un apartamento de dos dormitorios que Salvador Guerrero construyó en otro terreno de su propiedad, en la zona de La Atalaya. Por eso no entienden que el Consistorio le embargara la vivienda, que está a nombre de su mujer, cuando están casados en régimen de separación de bienes.

Su letrado tampoco entiende cómo el Ayuntamiento puede subastar la vivienda habitual de una familia para saldar una deuda municipal. «Eso no lo hace ningún otro Ayuntamiento en España».

La subasta se celebró el 12 de diciembre de 2011. El Consistorio valoró entonces la vivienda en 368.000 euros y la adjudicó a Soufiane Kertaoui -que también ha sido citado a declarar en el juzgado- por 110.000 euros. El abogado de Salvador Guerrero afirma que los técnicos municipales rechazaron la subasta por ser vivienda habitual y porque el precio que se ofrecía era muy inferior a su valor en el mercado.

Aún así, al año de subastarla, Salvador y su esposa recibieron un requerimiento para que abandonaran su casa. Se la habían subastado y la habían inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del adjudicatario de la vivienda.

El matrimonio se enfrenta ahora a un proceso de desahucio en precario que han ganado en primera instancia pero que la otra parte ha recurrido.

«No podemos más, pero vamos a continuar hasta el final porque esto es un abuso de poder», afirma Salvador Guerrero, quien sostiene que esto responde a una trama de subastas «porque como nosotros hay casi un centenar de casos más».

El exalcalde de Mijas Ángel Nozal declinó ayer hacer cualquier tipo de manifestación hasta conocer el contenido de la providencia, que asegura aún no ha recibido, para saber qué cargos le imputan.

Además, de Nozal y del adjudicatario de la vivienda, está llamado a declarar el jefe del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Mijas, Pedro Pérez.