El juzgado de Instrucción Número 4 de Torremolinos ha archivado, con carácter firme, las diligencias abiertas contra ocho ediles del PP tras la denuncia interpuesta por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Málaga, Francisco Martínez Jiménez, en marzo de 2015 ante la Fiscalía Provincial de Málaga por un supuesto delito de prevaricación tras la contratación de dos ex asesores y el nombramiento de dos comisiones de servicio de dos funcionarios municipales.
En su auto, el magistrado no sólo descarta cualquier infracción penal, sino que incluso no encuentra la existencia de irregularidades administrativas al estimar que "en el presente asunto ni tan siquiera esto se ha llegado a acreditar", señala el juez.
El PP afirma que, en su auto, el juez da un repaso al sindicato a quien le informa de que las instancias penales no deben utilizarse para asuntos de índole administrativa, por lo que, en opinión del PP de Benalmádena, con el informe y los argumentos del propio magistrado "queda absolutamente patente la veracidad y contundencia de lo que siempre hemos defendido en este caso: que todo esto nada más que se trataba de una denuncia falsa con demasiado tufo político".
En este sentido, el PP de Benalmádena reitera que "detrás de esta lamentable estrategia de judicializar la vida política de Benalmádena ha estado siempre el alcalde socialista Víctor Navas, y en concreto una de las personas que trabajan día a día y codo a codo con él en la propia Alcaldía".
Para el PP, el archivo de la denuncia de UGT corrobora lo que siempre han defendido: "Que en Benalmádena los populares siempre hemos actuado conforme a derecho y como marca la Ley de Contratos del Estado en este caso, por lo que sabíamos y estábamos en el pleno convencimiento de que la referida denuncia iba a tener un corto recorrido, como siempre hemos dicho".
El PP insiste que la denuncia sólo buscaba dañar la imagen política de Benalmádena y la de muchos profesionales y funcionarios reconocidos y queridos por todos "que han sufrido daños colaterales que no se justifican con ningún argumento político".
