El exalcalde de Mijas Ángel Nozal (PP) declaró ayer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola en relación con la denuncia de un matrimonio al que el Ayuntamiento subastó su casa -valorada por el Consistorio en 368.00 euros y adjudicada por 110.000 euros- para saldar una multa de 17.000 euros. En este sentido, Nozal aseguró que el decreto «venía avalado» por la firma de funcionarios públicos.

El exregidor se defendió de la denuncia manifestando que «como era el alcalde, tenía que firmar el decreto de adjudicación», aunque explicó a la jueza que ese dictamen venía avalado por la firma de los responsables de la Asesoría Jurídica, de Recaudación y del interventor.

«Cuando el órgano competencial oportuno dice que el alcalde debe firmar una adjudicación, la tiene que firmar, porque así lo dice la Ley General Tributaria», señaló Nozal, quien hizo hincapié en que «cuando un alcalde o concejal con delegación se opone a los dictámenes de los funcionarios públicos está cometiendo un delito de prevaricación».

De otro lado, el exregidor hizo referencia a las alegaciones que podrían haber presentado los denunciantes. «Las subastas no terminan cuando el alcalde firma el decreto; toda persona tiene posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo en los juzgados ordinarios y también luego otro de apelación», remarcó Nozal, que no dudó en apuntar que «lo que ha ocurrido es que estos señores no ejercieron esta posibilidad y prefirieron parar el proceso con una denuncia por una ilegalidad que tendrán que demostrar».

En este sentido, el que fuera alcalde de Mijas dijo no entender «por qué no han utilizado ese sistema y han empezado a denunciar a funcionarios y a alcaldes», precisando que conoce a los funcionarios que han intervenido y «sólo pongo la mano en el fuego por mí, pero dudo de que hayan incumplido la Ley General Tributaria y la Ley de Haciendas Locales».

Finalmente, Nozal señaló que se sorprendería si esta causa no se archiva en lo que se refiere a él, por firmar un decreto que le piden cuatro funcionarios y habilitados nacionales, pero quiso ser cauto y sostuvo que será la juez la que determine si va a llamar a más personas a declarar, si lo archiva o si procesa a alguno o a todos los implicados.

Ayer también estaba previsto que prestaran declaración como investigados el adjudicatario de la vivienda, Soufiane Kertaoui, y el jefe del servicio de Recaudación, Pedro Pérez.