­El Ayuntamiento de Torremolinos anunció ayer que el Juzgado de Instrucción número 2 de dicha localidad está tramitando diligencias previas «para esclarecer la falta de actuación del Consistorio entre 2010 y 2014», como consecuencia de las actividades desarrolladas en algunos chiringuitos de la zona de Los Álamos denunciados por los vecinos por exceso de ruido.

El Consistorio explica que el juzgado le requirió el pasado 24 de febrero que identificara a las personas responsables de la resolución de los expedientes municipales incoados por las denuncias presentadas entre 2010 y 2014 relacionadas con la actividad nocturna de algunos chiringuitos.

Asimismo, solicitó un informe que explique por qué no se ha incoado expediente sancionador, «a pesar de existir informes de mediciones acústicas en las que se superaba el nivel legalmente autorizado»; y por qué no se ha hecho seguimiento de los expedientes archivados «a pesar de las constantes denuncias recibidas» y de que los establecimientos denunciados realizaban «actividades no contempladas en el pliego de cláusulas de adjudicación».

Ayer mismo, el juzgado de instrucción solicitó al Consistorio que «facilite los expedientes de licencia de apertura de algunos de los establecimientos afectados y los procedimientos sancionadores».

Las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos se abrieron como consecuencia de una petición de la Fiscalía de Málaga en septiembre de 2015, en la que se hacía constar que desde 2010 distintos ciudadanos y el Seprona habían interpuesto denuncias en el Ayuntamiento por el «desarrollo de actividades molestas por parte de chiringuitos de Torremolinos (música y servicios de copas hasta altas horas de la noche), que no estarían amparadas por las licencias administrativas concedidas como restaurante o kiosco de playa».

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de «delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal del que responderían los responsables municipales que resulten de las diligencias que se interesen».

El ministerio fiscal señala que sólo se tramitaron las denuncias que iban dirigidas al Departamento de Medio Ambiente del Consistorio y que en todos los casos «han terminado con una resolución de archivo, a pesar de que las actividades molestas y no autorizadas han continuado produciéndose».

La Fiscalía mantiene que se ignoraba «que en los establecimientos se desarrollan actividades (música y de consumo de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, funcionando como auténticas discotecas o bares de copas), no autorizadas por el pliego de cláusulas de adjudicación (como restaurantes o kiosco de playas)».

El ministerio público añade que incluso se han precintado los equipos de sonido y se han desprecintados, a solicitud de los interesados, para instalar limitadores, archivándose posteriormente los expedientes tras comprobar que las nuevas mediciones son correctas, sin hacer ningún tipo de seguimiento a pesar de las constantes denuncias recibidas.

Por todo ello, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos solicita la creación de una comisión de investigación que aclare las responsabilidades políticas y administrativas en las que se pudieran haber incurrido entre 2010 y 2014. Y anuncia la creación de una Unidad Específica Disciplinaria y Sancionadora, que centralice todos los expedientes administrativos relacionados con estos asuntos.