El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se reunió ayer con el alcalde de Marbella, José Bernal, para recabar información con la que flexibilizar la concesión de autorizaciones de locales de los municipios costeros de la región. El responsable del Gobierno andaluz abrió la mano a una posible ampliación del horario de los locales costeros: «Prohibir que un pub esté abierto con música en la playa a las dos de la mañana no es lo mismo que hacerlo en una población de la sierra o del centro de Andalucía».
De Llera remarcó que pretenden establecer «normas lo más flexibles posibles para que cada corporación pueda tomar las decisiones que convengan a su municipio dentro de un marco legal preestablecido». Asimismo, consideró que «muchas veces se están dando autorizaciones en el aire o no se pueden prohibir cosas que habría quizá que prohibir. Prohibir que un pub esté abierto con música en la playa a las dos de la mañana no es lo mismo que hacerlo en una población de la sierra o del centro de Andalucía», afirmó.
De Llera destacó la «extraordinaria diversidad» de los municipios andaluces, lo que hace que normas que pueden servir en «medios rurales», tengan una aplicación más compleja «a las especialidades» de las ciudades situadas en la Costa.
De Llera y Bernal trataron los avances de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para actualizar la regulación de un colectivo integrado por más de 12.000 agentes en 529 municipios de la comunidad autónoma.
Bernal propuso que la futura norma involucre a otros entes ajenos a la Policía Local pero relacionados con la seguridad en el municipio, entre los que citó a Protección Civil. «El consejero conoce de primera mano cuál es la realidad del municipio. Ahora la ha querido matizar más con los propios actores para enriquecerla», apuntó.
Por su parte, De Llera manifestó los «problemas» existentes respecto a la mencionada ley, «debido a las continuas reformas legislativas que afectan a las normas de seguridad de carácter estatal».
