La Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron ayer a cuatro personas -dos británicos y dos españoles- e investiga a una más por su presunta implicación en la oleada de robos cometidos con explosivos en los últimos meses en la provincia en al menos una docena de cajeros automáticos. Aunque en un principio los investigadores creen haber dado con la banda que usa gas acetileno para reventar las máquinas y acceder al dinero, las fuentes consultadas aseguraron que los registros domiciliarios previstos en el operativo permitirían conocer si detrás de los ataques registrados desde el pasado mes de julio a lo largo y ancho de la provincia de Málaga hay una sola organización criminal o si por el contrario hay más grupos implicados con algún tipo de conexión, ya que el gas que tradicionalmente han usado este tipo de bandas se ha venido alternando con un explosivo con mayor poder destructivo según la sucursal. En cualquier caso, las actuaciones policiales desarrolladas en varios municipios (Marbella, Estepona, Coín y Ronda) o incluso en Granada, sugieren una amplia infraestructura que habría dificultado el trabajo a los investigadores durante tanto tiempo. Entre los detenidos se podría encontrar el dueño de un taller de vehículos localizado en San Pedro de Alcántara.

Las primeras en sufrir los ataques fueron tres máquinas del Banco Santander en apenas veinte días, dos en la capital y una en La Cala del Moral, esta última oficina hecha añicos por la cantidad de explosivo utilizada. El radio de acción se amplió entre septiembre y octubre a Alhaurín el Grande, Monda y Marbella, municipios en los que la víctima pasó a ser Unicaja y donde ya empezó a detectarse el acetileno. De nuevo Marbella, Mijas en dos ocasiones, Guaro y Ojén se sumaron a la lista con ataques contra ambas entidades con distinta suerte, ya que algunos se quedaron en tentativas. En algunos casos, los agentes comprobaron cómo lo autores dejaban explosivos a modo de trampas y clavos en las calles colindantes para dificultar posibles persecuciones, tal y como la Policía Nacional comunicó por escrito a las policías municipales.

Esta cadena de ataques ha trasladado a los investigadores a los cometidos hace dos años por dos organizaciones que actuaron simultáneamente y que finalmente fueron desarticuladas. La operación se saldó con 13 detenidos, y la incautación de alrededor de 18.000 euros en efectivo, aunque hubo golpes en los que llegaron a llevarse 80.000.