El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos declaró ayer durante unas diez horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de dicha localidad, que investiga el caso Astapa, sobre la supuesta corrupción en ese municipio, para «aclarar» todo lo que se le preguntó por parte del juez y del fiscal Anticorrupción.
En esta causa, Barrientos sólo declaró cuando fue detenido en junio de 2008, por lo que aseguró que la de ayer fue una comparecencia «muy positiva porque después de diez años me han dado la posibilidad de expresarme y de dar las explicaciones oportunas». «Salgo muy satisfecho, aunque sé que de este cáliz voy a tener que seguir bebiendo, pero he podido explicar muchísimas cosas», dijo en declaraciones a los periodistas.
El exregidor explicó que ha pedido un contrainforme de los informes periciales patrimoniales realizados sobre él, donde hay datos bancarios, sobre viajes o unas obras en su domicilio «que no se corresponden con la realidad» y que contienen, además, «interpretaciones».
Ese contrainforme, encargado a un catedrático de derecho financiero, se remitirá al juzgado cuando esté terminado «y me pondré a disposición del magistrado para contestarle a todos los pormenores que se dicen», manifestó, apuntando que ha pedido al juez que saque del proceso a su madre, investigada por la recalificación de una finca, «porque ha quedado demostrado que es urbana desde 1994 y mantiene la misma calificación urbanística a día de hoy».
Además, señaló que ha contestado a todo lo relativo a los expedientes administrativos y al «cien por cien» de lo preguntado sobre los convenios urbanísticos investigados, supuestamente, infravalorados, apuntando en declaraciones a Europa Press que «no ha habido ninguna pregunta que haya dicho ‘no me acuerdo’ o ‘no lo sé», por lo que espera que todo «haya quedado suficientemente claro».
En este punto, aseguró que mostró documentación relativa a los convenios de planeamiento e indicó que en su declaración dijo que «si volviera a ser alcalde, que Dios no lo quiera, no me gustaría tener una empresa como Valle Romano, sino 50».
El procedimiento se encuentra en la recta final de la fase de instrucción y ya se han incorporado informes tanto a nivel policial como a nivel pericial que estaban pendientes. Durante este mes de diciembre, declararán otros investigados.
Más de cien investigados
En la primera fase de la operación policial del caso Astapa, desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos. Actualmente, son más de cien las personas investigadas.
En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal «orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios» para financiar actividades públicas y privadas «de los partidos políticos en coalición» y «enriquecerse personalmente», según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción. Así, entre los delitos que se investigan están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude.
Los investigadores han realizado numerosos informes tras analizar la abundante documentación intervenida en los distintos registros practicados y, además, se han remitido comisiones rogatorias.
