El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha acordado seguir contra 12 personas, una de ellas el alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Mario Jiménez, la pieza separada del caso por supuesto enchufismo en el Ayuntamiento de dicho municipio; en concreto, la parte relativa al presunto trasvase de fondos del Consistorio a entidades municipales.
Además, entre los 12 investigados sobre los que se sigue esta tercera pieza separada de la causa se encuentra la exalcaldesa Antonia Muñoz, investigada en las tres partes de este procedimiento; así como dos familiares de ésta, dos exconcejales, tres ediles y excargos municipales.
En esta parte se investiga la gestión y el trasvase de fondos entre 2007 y 2013 desde el Ayuntamiento a cuatro entidades municipales, como son la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), la Entidad Urbanística colaboradora 'El Hacho', el Club Deportivo Manilva y la Sociedad de Comunicación Social; así como los procedimientos seguidos para ello y el empleo del dinero.
La jueza acuerda seguir la tramitación de la causa por si los hechos investigados a esas doce personas fuesen constitutivos de varios delitos, en concreto, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, de prevaricación, malversación de caudales, fraude en la contratación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
La instructora señala en esa resolución que se dé traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y al resto de acusaciones para que pidan el archivo de las actuaciones o formulen acusación y soliciten la apertura de juicio oral; aunque también precisa que se puede recurrir.
En el caso de Funmades, la magistrada señala que se han realizado pagos a personas "no contratadas" con subvenciones públicas y se hicieron pagos a la empresa de muebles del marido de la exalcaldesa. Además, se alquilaron equipos para un curso de formación por un importe "desproporcionado".
Sobre El Hacho, dice el auto, "se ha llevado a cabo inyección de dinero", que indiciariamente asciende a 178.654 euros, existiendo decretos de Alcaldía, pero en dos casos los pagos fueron aprobados en juntas de gobierno local, presididas por la exalcaldesa y en las que participaron, entre otros, el actual regidor.
Al respecto, se señala que "se utiliza el dinero público del Ayuntamiento como si de una entidad financiera se tratase para efectuar préstamos a la entidad" con informes "en contra", apuntando que algunas de estas partidas fueron utilizadas para abonar sueldos a familiares directos de la entonces alcaldesa, en concreto a su hija.
En el caso del club deportivo, según el auto, fueron 61 subvenciones por una suma de 1,4 millones de euros, señalando que dicho club se gestionaba "como si se tratara de un departamento integrado en el Ayuntamiento". Así, la instructora se refiere a las "anomalías" en las aprobaciones de los gastos, realizadas, en ocasiones, en junta de gobierno local.
El alcalde, Mario Jiménez, ha manifestado que cree en su "inocencia", señalando que en las juntas de gobierno local no se informó de reparos y que se presentará un recurso contra la resolución.
La causa. La causa se dividió en tres piezas. En la parte principal se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa. Esta tramitación está más retrasada y se ha instado al fiscal a que pida diligencias.
A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos y de informes municipales, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".
En la segunda de pieza se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, como el marido; en concreto el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios "en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación". Esas facturas fueron aprobadas en junta de gobierno local.
Esta parte, en la que también está como investigado el alcalde, se encuentra en otra fase más avanzada de tramitación y está pendiente de que la Audiencia de Málaga resuelva varios recursos presentados por las defensas de los investigados contra el auto de procedimiento abreviado.
