El exedil del Partido Estepona (PES) Manuel Reina se acogió ayer a su derecho de no declarar por el caso Astapa durante una nueva ronda de citaciones fijadas por el juez para distintos testigos e investigados -entre ellos, algunos nuevos- en esta causa contra la corrupción político-urbanística.

El exconcejal -que fue detenido y pasó cerca de seis meses en prisión por este caso- no respondió a ninguna pregunta ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que había citado a Reina para que prestara declaración ampliatoria en este procedimiento, según señalaron a Efe fuentes judiciales.

El instructor del caso Astapa ha citado a declarar a más de una decena de personas en distintas fechas a lo largo de dos semanas, entre las que se encuentran el también exedil del PES José Ignacio Crespo, varios testigos -uno de los cuales compareció ayer-, y nuevos investigados en relación a dos convenios urbanísticos.

El juez decretó el pasado enero el sobreseimiento de la causa para 18 investigados, tras la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción para archivar la imputación en estos casos al considerar que no han quedado acreditados los hechos o circunstancias en que se apoyaron las acusaciones.

Sobreseimientos

Entre las personas que el juez dejó fuera del procedimiento se encuentran el exconcejal del PSOE Rafael Duarte; el entonces responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Flores; y el exedil del PA, Rafael Montesinos, y familiares del exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, también investigado.

El magistrado sobreseyó la causa en relación con el abogado Ignacio Pérez de Vargas, distintos empresarios y varias personas relacionadas con el consistorio de Estepona, que tenían la consideración de funcionarios públicos.

La recta final

El juez instructor del caso Astapa se encuentra en la «recta final» respecto a la investigación e instrucción de una causa en la que hay más de un centenar de investigados, según fuentes judiciales.

El proceso siempre se consideró el «hermano pobre» del caso Malaya y su instrucción ha estado marcada por numerosas quejas de letrados que denuncian las demoras judiciales en un proceso que se inició en 2007 y en junio del 2008 tuvieron lugar las primeras detenciones en la primera fase.