Los trabajadores del CIOMijas, a los que se les adeuda el pago de 32 nóminas, han presentado una querella dirigida contra cinco responsables de la Junta, que han figurado en el Consejo general u órgano de dirección del Consorcio, por considerar que la situación que llevan viviendo desde hace más de dos años constituyen varios delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social.

Así lo aseguró ayer el abogado que dirige la querella, Jordi Ventura, quien compareció junto a los trabajadores. «Con la situación que viven los empleados de impago de nóminas desde noviembre de 2014, abandono y obligación de acudir a un centro que no reúne los mínimos requisitos de seguridad y salubridad, entendemos lamentablemente que los hechos superan con creces el tipo penal», explicó. A su entender, los hechos que se exponen constituyen delitos contra los derechos de los trabajadores «por cuanto existe un evidente abuso sobre la situación», ya que la forma en la que están las instalaciones «supone un riesgo». En este punto, se incide en el impago de las nóminas.