El equipo de gobierno de Torremolinos dio ayer cuenta, en la sesión plenaria celebrada en el Consistorio, de una sentencia que obliga al propio Ayuntamiento a abonar más de 100.000 euros a uno de los bomberos de la localidad que en su día, durante la etapa del PP al frente de la administración municipal, sufrió acoso laboral. Posteriormente, el PSOE emitió un comunicado de prensa en el que considera injusto que la ciudadanía tenga que hacer frente, económicamente, a estas sentencias.

El pleno también permitió de forma unánime aprobar una moción institucional para condenar los ataques y amenazas sufridos en las redes sociales por concejales y trabajadores. El alcalde, José Ortiz, leyó una declaración, en nombre de todos, en la que lamentó «la utilización de estos canales para proferir amenazas, injurias y calumnias, o llevar a cabo conductas de acoso contra empleados y ediles». El regidor recordó, no obstante, que las redes sociales son un espacio de referencia para la libertad de expresión.