El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, confirmó ayer que ha solicitado al juzgado que declare al Gobierno andaluz «responsable civil subsidiario», de forma que se pueda agilizar al máximo «el abono de las nóminas adeudadas a los trabajadores del Centro Andaluz de Formación de las Industrias del Ocio de Mijas», CIOMijas. Maldonado expresó que, en la actualidad, «aprovechando que hay una sentencia que obliga a pagar los salarios», se ha solicitado adelantarlos.

«Si nos consideran responsables subsidiarios nos permitirá adelantar el pago hasta la integración del CIOMijas en el Servicio Andaluz de Empleo», matizó. Para el consejero, «hoy por hoy el panorama está mucho más despejado, con una hoja de ruta que permitirá en poco tiempo solucionar esta desgraciada situación», agregó.

Sánchez Maldonado confía en que los trámites del juzgado «no puedan tardar mucho». Además, preguntado sobre si la Junta tiene liquidez económica para abonar las 33 nóminas adeudadas, el titular andaluz de Empleo reconoció que siempre ha existido: «Pero no se tenían los instrumentos administrativos necesarios para pagar».

«Es un dinero presupuestado y cuando el tribunal nos declare responsables subsidiarios, al no tener el consorcio dinero, la Junta, con un 80%, y el Ayuntamiento de Mijas, con el 20% restante, tendremos el instrumento para pagar», concluyó (el Ayuntamiento ya pagó su parte de la liquidación).

Todos estos detalles llegaban a las pocas horas de que el PP se hiciese eco de nuevas denuncias de los trabajadores del CIOMijas, debido a que durante la madrugada del pasado miércoles se produjesen, por segundo día consecutivo, «robos y destrozos en las instalaciones mijeñas».

Esta formación recordó que la construcción y el equipamiento de este centro formativo se elevó en su día a más de 27 millones de euros de inversión, aunque dicha cantidad se elevaría a 40 si se suman los costes vinculados a la formación de profesionales. Así lo lamentó la portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, tras subrayar «la pasividad» de la Consejería de Empleo en este asunto.