El Ayuntamiento de Torremolinos va a sacar próximamente una convocatoria pública referente a ayudas de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de viviendas, las cuales podrán ser solicitadas por todos aquellos interesados que reúnan las condiciones necesarias. De esta forma, el Consistorio quiere compensar a los cerca de mil vecinos afectados por las subvenciones ilegales concedidas por el exalcalde del PP Pedro Fernández Montes en la campaña electoral de los comicios locales de 2015.

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Pedro Pérez, va a recibir a lo largo de la presente semana a los citados ciudadanos con el objetivo de explicarles que las obras prometidas por el anterior regidor no se podrían llevar a cabo puesto que los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 29 de mayo de 2015 han sido declarados nulos de pleno derecho.

Fernández Montes prometió hace ahora más de dos años subvenciones por valor de 372.600 euros para rehabilitar 31 edificios con 658 viviendas, en las que constaban 1.536 vecinos empadronados, 261 de ellos mayores de 65 años. En un escrito remitido por el responsable de Servicios Sociales a los afectados se detallan las irregularidades detectadas en la concesión de las subvenciones del equipo de gobierno del exmunícipe, que ofrecía estas ayudas sobre todo para trabajos de pintura y mantenimiento de fachadas.

Así, en el informe elaborado por el secretario general y el interventor municipal en el citado caso, se constata que las obras se adjudicaron «sin seguir ningún procedimiento, ni existencia de pliegos ni informe de intervención ni de secretaría y sin publicidad alguna». Además, advirtieron que existía un fraccionamiento del contrato.

Por todos estos motivos, la adjudicación de las obras acordadas en los expedientes «prescindió total y absolutamente del procedimiento de contratación regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». « Se estima que los acuerdos de la Junta de Gobierno Local no sólo son contrarios a derecho, sino que además son arbitrarios», concluye el informe.