De nuevo se repitió la historia de hace un mes. La presión popular y la ayuda del Ayuntamiento de Torremolinos consiguieron frenar el desahucio de Yolanda Almida y sus dos hijos, de 9 y 16 años, en la calle Molino del Pato de la localidad. El lanzamiento sobre su vivienda se ha aplazado hasta el 6 de noviembre.

Durante este periodo de tiempo, la vecina del municipio de la Costa del Sol pretende, junto con sus abogados, encontrar una solución al problema, por lo que analizarán las distintas vías para ello. Sin embargo, Yolanda teme que vuelva a repetirse la situación y que el Banco Popular, propietario de la vivienda en la que reside, no dé su brazo a torcer para adoptar una medida que beneficie a ambas partes.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Pedro Pérez, que junto con numerosos vecinos estuvo apoyando a la familia en el momento en que estaba previsto el lanzamiento, se refirió a la suspensión de la orden como «una buena noticia», pero incidió en que los nueve días de plazo para buscar una solución son «poco tiempo».

«Yolanda y sus hijos van a dormir hoy -refiriéndose a ayer- en su casa, pero la situación no deja de ser dramática, puesto que el 6 de noviembre está a la vuelta de la esquina», apuntó.

Pérez criticó con dureza la intransigencia de la entidad bancaria para alcanzar un acuerdo de regularización de las cuotas adeudadas por la familia que zanje el expediente de desahucio, negativa que incluso mantiene con el propio Ayuntamiento, que le ha ofrecido la colaboración de la Delegación de Servicios Sociales para garantizar que la familia haga frente al pago de las siguientes cuotas.

«Vamos a intentar en estos próximos días seguir trabajando con el banco que hasta ahora tiene actitud de usura con esta familia», consideró el edil, que hizo hincapié en que «no tiene ningún sentido que se niegue reiteradamente -en alusión a la entidad- a sentarse con el Ayuntamiento, que le está ofreciendo una alternativa de cumplimiento del contrato, el que recupere las cuotas atrasadas y le garantiza las cuotas futuras, y a pesar de eso persista en su posición de que esta familia salga y duerma en la calle».

Ante la posibilidad de que la entidad bancaria mantenga su negativa a alcanzar ningún tipo de acuerdo y que finalmente el 6 de noviembre se ejecute la orden de desahucio, el edil hizo un «llamamiento a los ciudadanos que tengan posibilidad de ofrecer un piso de alquiler a esta familia» para que «se lo ofrezcan con el aval y la garantía de pago del Ayuntamiento».