15 de noviembre de 2017
15.11.2017
Educación

Condenada una madre de Mijas por un delito de atentado por zarandear a una maestra

ANPE considera que la sentencia es «ejemplar» ya que reconoce a la docente como autoridad pública

15.11.2017 | 18:53
Alumnos en fila para acceder a clase.

«La sentencia es ejemplar», asgura María del Amo, presidenta del sindicato ANPE en Málaga. Y no lo dice porque el juez haya dictado cárcel ni por la cuantía económica de la multa a pagar a modo de indemnización, sino porque la maestra agredida ha sido considerada autoridad pública en el juicio y los hechos juzgados, como atentado. Una madre de Mijas ha sido condenada a seis meses de prisión por coger del brazo a una docente y zarandearla cuando estaba en los pasillos del colegio donde estudia su hijo.

El asunto ha sido tramitado por la Asesoría Jurídica del Sindicato ANPE MÁLAGA, de la que se encarga el abogado Francisco Granados. Los hechos se remontan a febrero de 2015, cuando a la salida del colegio la madre de un alumno comenzó a increpar a una maestra y llegó a agredirla. «Afortunadamente los hechos no revistieron mayor importancia, no obstante los docentes no debemos bajo ningún concepto tolerar este tipo de comportamientos ni agresión alguna», señala ANPE en una nota, que considera que la sentencia es ejemplar: condena a la madre con la obligación de ingresar en prisión si vuelve a delinquir en el plazo de dos años.

Como recuerda María Gracia del Amo, ANPE Andalucía ya ha conseguido diversas sentencias favorables a los intereses de sus afiliados en este sentido, pero sigue lamentando que haya que recurrir a los tribunales para poder defender la integridad física y moral de los docentes. «En otras comunidades autónomas, como Asturias, Madrid, Murcia, La Rioja o Valencia ya lo tienen así reconocido y desarrollada la norma, pero Andalucía se niega por sistema», señala. «En la Junta dicen que ya tienen planes de convivencias establecidos, protocolos que están funcionando muy bien y les parece excesivo considerar al profesor como autoridad pública», afirma.

Del Amo señala que «una de las pocas aportaciones realmente positivas» de la recién estrenada LOMCE al sistema educativo español es el reconocimiento, largamente demandado por ANPE, de la autoridad del profesorado. En su artículo 124.3, la nueva ley educativa establece que los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. «Esto supone que en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad».

«Si la Junta tuviera una norma desarrollada y no tantas dispersas y se reunieran todas en un único cuerpo, no habría que recurrir a los tribunales. En la vía administrativa se penaría», concluye.

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