El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha acordado seguir por el trámite del procedimiento abreviado la causa por el accidente mortal ocurrido a finales de junio del pasado año 2017 en la A-7, a la altura de Torremolinos, en la que está investigado un guardia civil. El siniestro tuvo lugar la tarde del 28 de junio y fallecieron un hombre y una mujer de Bahrein y otra mujer de Kuwait; mientras otras tres personas, también del primer país, resultaron heridas. El juzgado señala en un auto que hasta el momento «hay indicios suficientes» para continuar la causa por el trámite del procedimiento abreviado por los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones, contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro.

La magistrada acuerda dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, en nombre de familiares de las víctimas representados por cuatro letrados, entre ellos Manuel Temboury, para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten escrito de calificación, o pidan el archivo.

Conducción

La instructora considera que hasta el momento se deduce que el investigado conducía «a gran velocidad» por la autovía y lo hacía «tras la previa ingesta de alcohol», según la prueba realizada, con un resultado de 0,47 y 0,50 miligramos por litro de aire espirado. Estas cifras son superiores a los límites administrativos permitidos; además de que también había consumido drogas, en concreto, cocaína. Asimismo, realizaba «adelantamientos que ponían, y así lograron, en riesgo la vida de terceras personas usuarias de la vía», ya que «iba de un lado a otro de la calzada». La magistrada añade que el investigado es guardia civil «y estaba en una posición de garante frente a los heridos, que omitió, pues tras la colisión, lejos de pedir ayuda a los servicios sanitarios o las fuerzas policiales de tráfico, se marchaba del lugar, omitiendo el deber de auxilio».

No logró huir porque fue detenido por agentes de la Policía Nacional que estaban en ese momento en la vía y que sí atendieron a las víctimas. El hombre fue arrestado en ese momento y la juez decretó su ingreso en prisión. Posteriormente, la Audiencia de Málaga ratificó la prisión provisional, aludiendo al riesgo de fuga y de reiteración delictiva, a la «la naturaleza y gravedad de los delitos imputados» y a la «gravedad de las penas que pudieran imponérsele».