"Mi jefe es un torturador mental"

González lo dijo pensando en el día de los registros, cuando él y sus compañeros comprobaron que los trabajadores vivían hacinados en viviendas y las condiciones en las que trabajaban eran «penosas». Algunos empleados incluso pernoctaban en la trastienda de los restaurantes en los que trabajaban de sol a sol los siete días de la semana para ganar un salario de entre 400 y 500 euros con el que tenían que afrontar el pago de la deuda de 8.000 o 10.000 euros que la organización exigía a cada uno por traerles al infierno. «Una de las víctimas ha llegado a catalogar a su jefe como un torturador mental», apuntó Antonio de Haro, inspector jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Málaga.

La operación Shamaka suma 39 detenidos a los que atribuyen los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Los dos supuestos cabecillas han ingresado en prisión.

Las víctimas, mayoritariamente pakistaníes, eran captadas por dos hermanos de esta misma nacionalidad que buscaban expresamente a personas que no cumplían los requisitos por la administración para trabajar. Bajo esta premisa, una vez en la Costa del Sol, les sometían a unas duras condiciones laborales sin cumplir con la normativa laboral y los coaccionaban asegurando que denunciarían a las autoridades españolas su situación irregular. Además de hacerlo en su propio restaurante, los investigadores explicaron que también ejercían como comerciales de este método de regularización con otros empresarios de la provincia que se dedicaban a la misma actividad económica.

Y en un negocio paralelo, «realizaban contratos falsos como empleados de hogar para obtener prestaciones sociales o regularizar la situación administrativa de compatriotas», contando para ello con la presunta connivencia de una gestoría de Fuengirola cuyos responsables también han sido detenidos. Estos hechos fueron constatados al consultar los organismos públicos pertinentes. «Estas gestiones permitieron saber que trabajadores que estaban dados de alta en una determinada empresa jamás aparecieron por su puesto de trabajo».

Durante la investigación, los agentes han comprobado que los hermanos, con la ayuda de otro varón de origen angoleño, facilitaban la regularización de ciudadanos paquistaníes y subsaharianos a través de matrimonios de conveniencia. Las mujeres elegidas eran generalmente españolas y con problemas económicos, más vulnerables a la propuesta de inscribirse como pareja de hecho a cambio de una media de 2.000 euros por esta gestión. La otra parte contrayente eran preferentemente ciudadanos pakistaníes que trabajaban con ellos en sus restaurantes. Para ello, los responsables de la organización aleccionaban a los implicados sobre los pasos a seguir en la inscripción y la posterior solicitud de residencia como supuesta pareja de hecho y por tanto familiar de ciudadano de la Unión Europea. Para asegurar estos pasos, trasladaban y acompañaban a las fraudulentas parejas hasta las inmediaciones de los distintos organismos. Por su parte, para que las mujeres acreditaran los requisitos económicos necesarios para llevar a cabo los trámites en la oficina de extranjeros, los hermanos realizaban contratos ficticios. «Ambos ejercían como comerciales de este método de regularización entre otros empresarios de la provincia malagueña que tenían su misma actividad económica», explicaron los investigadores.

Registros

Los arrestos se reparten por Málaga capital (19), Torremolinos (2), Fuengirola (8), Marbella (5), Coín (1) y Mijas Costa (4), municipios en los que se han realizado un docena de registros domiciliarios. En ellos se han intervenido más de 170.000 euros en metálico y un vehículo de alta gama valorado en 40.000 euros. Además, se han bloqueado judicialmente más de 160.000 euros en cuentas corrientes al igual que cerca de 900.000 en valor de mercado de inmuebles.