La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raíz del denominado caso Astapa, que investiga la supuesta corrupción política y urbanística en dicho municipio costasoleño. Este procedimiento judicial afecta a 51 personas, entre ellas el que fuera alcalde socialista en el municipio Antonio Barrientos. Así consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, documento de más de 160 páginas que desarrolla la gestión de la administración local entre los años 2003 y 2007.
Durante las fases de la operación policial del caso Astapa, iniciada en junio de 2008, fueron detenidos, además de Barrientos, otros cargos políticos y concejales que entonces estaban en el PSOE y en el Partido de Estepona (PES), en coalición en el Ayuntamiento; así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales. La causa llegó a tener más de 100 personas investigadas, que finalmente se quedaron en 90.
Anticorrupción pide el sobreseimiento del caso para 39 procesados y acusa a 51. Para Barrientos solicita 10 años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años. Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado.
Además del exregidor se encuentran acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, así como empresarios y empleados municipales.
Indemnizaciones
El Ayuntamiento de Estepona señaló ayer en un comunicado que reclamará las indemnizaciones que correspondan al Consistorio por el posible perjuicio causado a las arcas municipales como consecuencia de este caso y la gestión que, especialmente en la Delegación de Urbanismo, se desarrolló entre el año 2003 y mediados de 2007. El escrito fue divulgado tras conocerse el documento provisional de la Fiscalía Anticorrupción, en el que solicita que se abra juicio oral contra 51 personas a las que acusa, incluido el exalcalde Antonio Barrientos.
El Consistorio recordó que se encuentra «personado desde 2011 en la instrucción de este procedimiento judicial iniciado en 2008, con el objetivo de la defensa del interés público. En virtud de ello, el Ayuntamiento va a ejercer las acciones necesarias para tal fin, cuando el momento procesal de este caso así lo permita», agrega el comunicado público.
Además de a Barrientos, el fiscal incluye en la larga lista de personas investigadas a otros excargos como José Flores, al frente del Gabinete de Alcaldía, para el que solicita la misma pena que para Barrientos por los mismos delitos.
También figuran otros dos, Francisco Zamorano, director económico para la revisión del PGOU; y Pedro López, que coordinó la empresa de planificación urbanística, suman además el delito de blanqueo de capitales, solicitando para ellos 11 años de prisión.
Otros dos excargos políticos, José Ignacio Crespo, que era el líder local del PES y primer teniente de alcalde, y Manuel Reina, titular de la Concejalía de Economía, son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación; así como de cohecho y prevaricación, y se pide para cada uno diez años de cárcel.
