15 de septiembre de 2018
15.09.2018
Tribunales

Acuerdan el sobreseimiento para 39 de los 90 acusados en el caso Astapa

La Fiscalía pide abrir juicio oral contra el resto, por corrupción en Estepona entre 2003 y 2007

15.09.2018 | 05:00
El exteniente de alcalde José Ignacio Crespo y el exalcalde Antonio Barrientos, en 2004.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional del caso Astapa, contra la supuesta corrupción política y urbanística en dicho municipio, respecto de 39 personas, tras haberlo solicitado el ministerio fiscal en su escrito de acusación.

Así consta en un auto del juez instructor, en el que se indica que «resulta vinculante la petición de sobreseimiento formulada por el ministerio fiscal en su escrito de acusación», por lo que apunta que debe acordarse, continuando el resto de la tramitación.

Asimismo, el instructor señala en su resolución, que se puede recurrir tanto en reforma como en apelación, y que en este procedimiento, aunque existen acusaciones particulares personadas, «no se ha presentado escrito de acusación (ni de adhesión al del fiscal) por parte de estas en el plazo concedido y reiterado.

En sus conclusiones provisionales, de más de 160 páginas, la acusación pública explicaba la investigación llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo. La causa llegó a tener más de 100 investigados, que finalmente se quedaron en 90.

Además del sobreseimiento de la causa para 39 investigados, el fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral respecto a otras 51 personas, entre ellas el exalcalde Antonio Barrientos, para el que pide diez años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años.

Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado. Además del exregidor, están acusados otros cinco exresponsables municipales: su jefe de gabinete, José Flores Simón; el responsable de Planeamiento, Francisco Zamorano Vázquez; el edil de Urbanismo, Pedro López Fernández; el de Economía, Manuel Reina Contreras, y el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo de Lucas, entonces miembros del PSOE y del PES; así como empresarios y empleados municipales.

La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso Astapa. Considera que Barrientos y los otros principales acusados deberán indemnizar de forma solidaria al Consistorio con dicha suma «a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo».

Según la Fiscalía, estos seis políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

«Para eludir cualquier mecanismo de control optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una Caja B, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía.

Ese pago era «impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales», considera el fiscal, añadiendo que las contribuciones «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Esto dio lugar «a manipulaciones en facturas o a la emisión de otros documentos falaces», sostiene la acusación pública, señalando que los empresarios «solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio».

Por eso, en los años siguientes, supuestamente, «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido», de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios y licencias, buscando beneficios para sus partidos o para ellos mismos, según el fiscal.

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