El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha decretado la apertura de juicio oral contra 50 acusados en el caso Astapa, sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
En un auto, el instructor acuerda abrir juicio oral contra los 50 investigados que fueron acusados por la Fiscalía -acusó a 51 personas pero una de ellas ha fallecido- y por los delitos que se les achaca «dados los numerosos indicios y presuntos hechos expuestos por el ministerio fiscal en su escrito de acusación y derivados de la instrucción de la causa».
El juez declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del procedimiento en su momento y da un plazo de 60 días, dado el volumen del procedimiento y que se trata de causacompleja, para que las defensas presenten sus escritos.
El instructor también insta a los acusados a presentar una fianza de más de 184 millones de euros, para hacer frente a las posibles multas y responsabilidades civiles, también las de carácter subsidiario.
Algunos abogados han presentado recursos solicitando rectificación o aclaración respecto de las fianzas pedidas para sus clientes. Consideran que en el caso de las cantidades fijadas para hacer frente a las multas se ha incrementado un 30 por ciento la cuantía respecto a lo que pide el fiscal, lo que «cabría hacer únicamente con las cantidades en concepto de responsabilidad civil».
A mediados de septiembre, el juez dictó otro auto acordando el sobreseimiento respecto de 39 personas, tras haberlo solicitado la acusación pública, en su calificación provisional, de más de 160 páginas, en la que explicaba la investigación llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo.
Además del exregidor, para el que el fiscal pide diez años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años; están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, que formarían según la acusación los principales responsables; así como empresarios y empleados municipales.
La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raíz del caso Astapa. Así, considera que Barrientos y esos otros principales acusados deberán indemnizar de forma solidaria al Consistorio con dicha suma «a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo».
Según la Fiscalía, estos políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
Acusación
El fiscal apunta a que cuando tomaron posesión de sus cargos en junio de 2003 tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica»en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».
«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una caja B, procedimiento empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía.
Ese pago era «impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales», considera el fiscal, y «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».
Esto dio lugar «a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces», que los empresarios «solían aceptar para no perjudicar oportunidades de negocio», según la Fiscalía.
Por eso, en los años siguientes, «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido», condicionando la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios y licencias.
